Realmente parece que estamos sumidos en verdaderos vericuetos insondables cuando actos clarísimos de transfugio tratan de ser disfrazados por auténticos macumberos leguyelescos.
El transfugio es “el acto en el que una persona abandona un partido, grupo u organización, pasándose a otro bando contrario o rival, apartándose del criterio fijado por el partido o alianza política que lo presentó a las correspondientes elecciones”.
El transfugismo es primero un acto “inmoral” y “no ético” que luego debiera ser medido jurídicamente. Aquí primeramente está en juego el honor, la decencia, la integridad, la vergüenza de la persona, valores que espera el ciudadano sean cumplidos para no ser engañado en las elecciones.
Muchos de los que se dedican a la política en forma exclusiva han encontrado en el transfugio su modus vivendi, con la pequeña molestia de que cada cinco años deban someterse a un embarazoso proceso eleccionario, en el que se juegan sus porotos.
Si alguien quiere atornillarse en la politiquería, tiene que buscar una “agrupación” partidaria con esperanzas de sobrevivir, así el transfugio es una de las coartadas más socorridas para permanecer de político eterno, brincando de partido en partido. Pero no solo el viejo politiquero puede acudir al transfugio, el politiquero novato o imberbe también recurre a este vicio, aunque sea tarado o tartamudo.
En casos de conveniencia se arguye que un individuo abandona el partido o la coalición que lo llevó a un curul por no responder a las órdenes del jefe de la organización política. Si existieran normas jurídico-penales para verificar esta situación, se esclarecería el asunto, pero en Bolivia no existen dichas reglas.
En otros países existen acuerdos interpartidarios para evitar actos vergonzosos de transfuguismo, comprometiéndose a “rechazar y no admitir en su grupo político a alguien integrado en la candidatura de otra formación”.
Pero ni estos simples “acuerdos” existen en Bolivia, haciendo falta normas compulsivas que castiguen este ‘cohecho’… el transfugio es un acto de tráfico y estafa que no hiere solamente al partido traicionado sino al ciudadano que en su inocencia va a votar a favor de alguien sin saber que es un vil traficante de la conciencia ciudadana. Por ahí empieza el “mal gobierno”.
Asimismo debería establecerse, como en el Derecho Civil, la invalidez de los correspondientes actos y decisiones ejecutivas, parlamentarias, de gobernación departamental y municipal adoptadas con el concurso del tránsfuga.
En Bolivia existe un “sistema legal” creado específicamente para eliminar a los verdaderos y auténticos partidos políticos con fidedignos militantes, fielmente aferrados a su “carta de principios”, “estatuto orgánico”, “normas de conducta interna”, “reglamento de derechos y obligaciones de la militancia”, “reglamento de procesos internos”, “normas para alianzas” y otros.
Lo que hoy está impuesto jurídicamente es la validación de cualquier agrupación, incluso la de pandillas carnavalescas, para poner fin de una vez por todas al verdadero partido político serio, poseedor de todos los instrumentos válidos arriba señalados.
El actual sistema legal electoral está diseñado para que estos grupúsculos del engaño, con graves anomalías como el transfugio, puedan llegar a gobernar, cavando la sepultura del país, tal como se ve en los últimos repugnantes actos políticos estallados, en los que el crimen está en primera línea.
El autor es jurista.