Hay momentos en que una sociedad debe dejar de observar y comenzar a preguntar. Cuando están en juego el territorio, los recursos y el futuro, preguntar, informarse y participar también es ejercer ciudadanía.
El 13 de agosto, el Presidente de Bolivia habló del “Estado tranca”, una realidad que se manifiesta en los distintos niveles de gobierno y que termina frenando las respuestas que necesita la gente. En ese contexto, mientras el país reclama menos burocracia y mayor eficiencia, en el Beni aparece una propuesta que merece la atención ciudadana: cambiar la denominación del Gobierno Autónomo Departamental por Gobierno de la Entidad Territorial Autónoma Amazónica del Departamento del Beni, mientras se anuncia además una futura Ley de Servicios Ambientales vinculada a los bonos de carbono.
Esta última todavía no es ley. Precisamente por eso, este es el momento de conocerla, discutirla y preguntar qué pretende hacer y hasta dónde puede llegar.
Porque una cosa es reconocer nuestra condición amazónica y otra muy distinta es utilizar una denominación institucional para asumir facultades que la Constitución no otorga.
La CPE ya habló. El artículo 390 reconoce a la cuenca amazónica boliviana como un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país e incluye a Pando, la provincia Iturralde de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del Beni. El artículo 391 establece que su desarrollo debe sustentarse en una administración integral, participativa, compartida y equitativa.
El artículo 410 establece la supremacía de la Constitución. Una ley departamental no puede estar por encima de ella ni crear competencias que contradigan su mandato.
Entonces, la discusión no debería quedarse en un nuevo nombre. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué cambiará realmente para nuestros municipios amazónicos. ¿Más inversión? ¿Más participación? ¿Más infraestructura? ¿Más producción? ¿Más oportunidades?
Porque la Amazonía no se fortalece cambiando membretes. Se fortalece cuando su gente participa, produce y se beneficia de las oportunidades que genera su territorio.
Y aquí aparece una oportunidad que el Beni no puede desperdiciar. La apertura legal de la frontera agrícola permite pensar nuestros municipios como territorios productivos. Tenemos que producir, transformar, agregar valor, generar empleo, atraer capital y construir mercados, sin enfrentar producción con conservación.
También están los bonos de carbono y la nueva economía vinculada a nuestros bosques y servicios ambientales. No podemos llegar tarde. Pero tampoco podemos permitir que una nueva fuente de riqueza termine reproduciendo la vieja historia: otros valorizan nuestros recursos, negocian con ellos y nosotros quedamos mirando desde la orilla.
La pregunta, entonces, no es solamente cuánto pueden valer nuestros bosques.
La autora es Comunicadora Social.