Bolivia no enfrenta solamente una crisis de dólares, combustibles, reservas o déficit. Enfrenta algo más profundo: una economía que necesita transformarse y una política cuya práctica demasiadas veces empuja en dirección contraria. Crear riqueza exige inversión, riesgo, innovación y tiempo; distribuir rentas, preservar subsidios y defender privilegios ofrece réditos políticos inmediatos. Así, postergar puede resultar más rentable que reformar y administrar el problema más cómodo que resolverlo. Pero la política puede postergar los problemas; no sus consecuencias.
La historia lo demuestra. Durante la bonanza gasífera Bolivia recibió una renta extraordinaria. El error fue convertir ingresos transitorios en compromisos permanentes sin transformar esa riqueza en productividad, inversión y exportaciones. Cuando cayó la renta permaneció el gasto. Primero se consumió el excedente; después, las reservas; luego llegó la deuda.
Ahora aparece otra paradoja: Bolivia exporta más, pero los dólares siguen escasos. La corrección cambiaria ofrece una pista. El productor dejó de enfrentar el dólar artificialmente barato que castigó al sector transable. Esto obliga a abandonar una creencia arraigada: dólar barato no significa necesariamente bienestar. Puede abaratar importaciones hoy, mientras erosiona competitividad y reservas mañana.
El verdadero dilema no es entre dólar caro o barato, sino entre un tipo de cambio que preserve la competitividad y otro que la destruya. Bolivia necesita pensar no en meses de mejores exportaciones, sino en quince o veinte años produciendo competitivamente para el mundo. Un país necesitado de divisas no puede abaratar indefinidamente importaciones mientras penaliza a quienes generan los dólares que necesita.
Preservar la competitividad exige resolver sus tensiones y pone a prueba la política. Un tipo de cambio competitivo favorece exportaciones y producción, pero encarece importaciones, incluidos los combustibles. Si además sube el petróleo, YPFB recibe un doble impacto. Mantener bajo el precio interno puede aumentar subsidio, déficit, inflación y presión cambiaria. La política sin soluciones coherentes y sostenibles termina multiplicando los desequilibrios que pretendía contener.
Aquí aparece el problema señalado por Diego Ayo: la capacidad política de decidir. Gobernar no consiste simplemente en “tomar decisiones”, sino en construir soluciones antes de que los costos de hacer nada —o hacerlo mal— destruyan las posibilidades del futuro. La indecisión posterga reformas; la mala decisión agrava desequilibrios. Ambas convierten problemas manejables en crisis. Barrerlos debajo de la alfombra no compra estabilidad: compra tiempo, con un precio político, económico y social cada vez mayor.
No decidir —que también es decidir— o decidir mal no elimina los costos: los traslada a las reservas, la deuda, la inflación, la escasez y las generaciones futuras.
Por eso no basta un gobernante “fuerte”. La buena política requiere un Estado capaz de identificar problemas, evaluar alternativas, decidir, ejecutar y corregir. Institucionalizar esa capacidad significa que resolver problemas pese más que postergarlos y el interés público más que privilegios o cálculos electorales. Las naciones exitosas convierten problemas en decisiones y soluciones. Las que fracasan permiten que problemas solucionables se conviertan en crisis.
Esto vale también para el dólar. Fijar nuevamente un tipo de cambio “real” negociado políticamente solo reiniciaría el reloj. Si la inflación boliviana supera la internacional, reaparecerán la apreciación real y el problema bajo otro número. Una flotación administrada permitiría ajustes y evitaría que una apreciación persistente castigue al exportador.
Los combustibles requieren otra regla. El tipo de cambio es fundamental para la competitividad; no debe utilizarse para contener artificialmente gasolina y diésel. Estos necesitan precios vinculados a costos, mecanismos de suavización y protección focalizada. Confundir ambos instrumentos convierte el dólar barato en subsidio implícito y el subsidio en amenaza para la estabilidad cambiaria.
El problema es mayor. Cuando resulta más rentable disputar riqueza que asumir riesgos para crearla, el rentismo se convierte en cultura política. La discusión se concentra en quién obtiene qué del Estado, no en quién creará la riqueza que Bolivia necesitará mañana.
Cambiar esa cultura exige cambiar la lógica de la decisión pública: cada subsidio, empresa pública, crédito o gasto debe responder una pregunta incómoda: ¿preserva el pasado o construye capacidad para producir el futuro?
Bolivia necesita cambiar una política que hace más rentable distribuir y defender el pasado que invertir y producir el futuro. Necesita institucionalizar una política capaz de decidir, resolver y corregir antes de que la escasez, la inflación, la deuda o la calle terminen decidiendo.
Perder reservas es grave. Endeudarse para no cambiar es imperdonable. Pero institucionalizar la indecisión o la mala decisión es peor: es entonces cuando la política deja de construir el futuro de Bolivia y comienza a devorarlo.
El autor es economista PhD, consultor internacional.