La tierra, problema máximo del gobierno

En 1965, el gobierno de René Barrientos enfrentó la oposición de los campesinos pequeños propietarios y aun los medianos, por lo que en una concentración campesina en Achacachi fue recibido a bala y piedra y tuvo que huir para salvar su vida.
Desde entonces, la oposición a que se prohíba la venta de parcelas individuales de pocas hectáreas, fue creciendo y causando una serie de problemas políticos al país y desestabilizando a algunos gobiernos. Hasta que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, emitió una Resolución Suprema al respecto, que fue convertida en ley, luego su aplicación continuó con el gobierno de Jaime Paz Zamora, quien la amplió, además, poniendo fin al Consejo de Reforma Agraria en 1992.
Para entonces, la migración campesina aumentaba mucho, así como se agravaron otros problemas, por ejemplo, aumentó la producción de coca a expensas de los cultivos de plantas para alimentación, ganadería y pastoreo. En la misma forma, creció la parcelación de la tierra, debido a que lo único que quedó en vigencia para los pequeños propietarios de tierras fue el derecho de herencia. Ese derecho, sin embargo, solo sirvió para que los pequeños propietarios repartieran sus pequeños predios entre seis o más hijos, llegando, finalmente, a crear la propiedad de surcos por metros, para cultivo de alguna planta.
Es decir que cuando el gobierno de Sánchez de Lozada convirtió en ley la prohibición para venta de lotes campesinos, con título de propiedad, la migración de campesinos creció aún más, con rumbo al interior y exterior. El fenómeno adquirió un ritmo intenso cuando se dictó la Ley INRA por el gobierno de Goni.
Pero con la llegada al poder del “indígena” Evo Morales, mucha gente supuso que acabaría tal prohibición que afectaba a los pequeños propietarios. Sin embargo, contrariamente, el régimen de Morales hizo que la Ley de prohibición a la venta de parcelas indígenas fuera elevada a rango constitucional, la misma que sigue en vigencia con sus catastróficos resultados.
Al finalizar el régimen masista, se esperaba que el gobierno de Rodrigo Paz procediera a derogar esa medida. En efecto, el Parlamentó dictó una ley para que la pequeña propiedad sea, en adelante, calificada como mediana, con todos los efectos positivos, como los derechos de propiedad para los minifundistas.
Pero campesinos del norte de La Paz llegaron a la ciudad de La Paz en dos marchas de protesta. Esa acción determinó que otros sectores campesinos medianos y aun grandes se opongan a la anulación de esa medida. Por ello el gobierno de Paz Pereira, no derogó la mencionada norma, quedando vigente la prohibición a la venta de tierras dispuesta por la Constitución Política de 2009.
La mantención de dicha prohibición sigue causando la migración de campesinos hacia las ciudades y al exterior, agravando el abandono de miles de hectáreas de tierras cultivables en altiplano y valles. Otra parte de ellos ingresa a zonas fiscales para incendiar bosques y destruir millones de hectáreas.
Por todo ello, el problema de la tierra amerita un profundo análisis por parte de los actuales gobernantes.