La privatización de empresas del Estado

La privatización de las empresas del Estado se ha convertido en asunto de importancia en relación a la recuperación de la economía del país. Antes de la campaña electoral del año pasado, la opinión pública puso en primer punto de los debates nacionales dicha privatización y los candidatos, captando esa demanda, ofrecieron privatizar las empresas públicas, en casi todos los casos. Esa determinación hizo ganar a un partido político las elecciones generales. Sin embargo, el nuevo gobierno, ha cambiado esa propuesta y sostiene que, empresas estatales serán reactivadas, satisfaciendo, al mismo tiempo, pedidos de algunos sectores laborales que rechazan la privatización.
Las empresas estatales existen en el mundo desde principios del siglo pasado y, en su mayoría, han sido poco exitosas y, por tanto, algunas de ellas al final fueron clausuradas o privatizadas. La política de crear entidades estatales se produjo en países de tipo socialista, como Cuba, debido a que la Unión Soviética, todavía existente, otorgaba subvenciones, ayuda con materias primas, etc.
En Bolivia, las empresas estatales aparecieron en particular en 1952, pero debido a su bajo resultado eran criticadas, aunque algunas de ellas tuvieron éxito. Una presión internacional determinó que el Estado boliviano proceda a su “capitalización” o privatización, medida que fue relativamente buena.
Por su parte los gobiernos del MAS a partir de 2006 se interesaron en crear empresas del Estado, pero con una serie de errores, como adquirirlas sin licitaciones, por simple deseo del presidente Evo Morales, lo que fue continuado por Luis Arce. En otros casos fueron instaladas esas empresas sin contar con suficientes materias primas. Otro error consistió en instalarlas lejos de los centros de producción y de consumo, entre otros muchos casos.
Según información difundida, el MAS compró más de setenta empresas grandes y pequeñas, por valor de más de treinta mil millones de dólares. Pero, al poco tiempo, muchas de ellas resultaron deficitarias. De esa manera, el país está perdiendo miles de millones de dólares por sospechosas negociaciones y, frente a la crisis, se propone adoptar para esas empresas medidas de urgencia a fin de mejorar la economía nacional. En efecto, cuando ese plan iba a aplicarse con limitaciones, se produjo la convulsión social con marchas de protesta y bloqueo de carreteras entre mayo y junio, quedando afectada gravemente la economía nacional.
Y para resolver esa crisis económica y social, el Gobierno firmó con la caduca Central Obrera Boliviana (COB) un acuerdo de 8 puntos, cerrando el paso a cualquier privatización. Tal acuerdo implica retroceso y ahora se afirma que no se aplicará esa medida. Entonces, salta a la vista la contradicción entre privatizar o mantener las numerosas empresas estatales, que costaron millones de dólares, pero muchas de ellas son deficitarias.
Queda, por tanto, tratar de frenar la sangría de recursos económicos para mantener empresas del Estado que solo han servido, en su mayoría, para dar ocupación a adeptos al MAS, durante los pasados veinte años.