“Ese fondo alcanzó en abril de 2026 un patrimonio de USD 29.823 millones. Siguiendo los datos del Banco Mundial, equivale al 56% del Producto Interno Bruto boliviano de 2024. Equivale a varias décadas de inversión extranjera directa y de remesas combinadas, cuyas proporciones exactas se detallan en la tercera parte de esta serie. Y se administra, desde hace quince años, sin el directorio que la Ley No. 065 establece como autoridad máxima. En 2025, esos ahorros rindieron un 4,5% nominal. La inflación fue del 20,4%. Un trabajador que cotizó con disciplina durante todo el año, vio cómo su saldo nominal creció, pero su capacidad de compra se contrajo. El ahorro previsional boliviano termina el año valiendo menos en términos reales que cuando empezó”, señala un informe sobre la investigación que realizó un equipo del diario El País, respecto al manejo del multimillonario fondo de más de 29 mil millones de dólares. Que “son de propiedad de los trabajadores bolivianos, hoy manejados por la Gestora y antes por las AFPs”, enfatiza, por su parte, el Lic. Jaime Peña Cano, experto en pensiones y seguridad social.
“Trabajar a ciegas: la informalidad que vacía las pensiones bolivianas” –dice el documento– y sigue enfocando “un fondo de USD 29.823 millones, 15 años sin directorio, -15,9% de pérdida real. Esta serie documenta el circuito de un sistema que protege a muy pocos, y cómo el dinero de los que sí aportan termina, en parte, en lugares que ningún trabajador boliviano eligió. Hay una cifra que el Sistema Integral de Pensiones de Bolivia difunde con orgullo en cada foro y cada rendición de cuentas: 2.827.870 asegurados registrados al cierre de mayo de 2026, según los últimos datos publicados por la Gestora Pública. Es un número que transmite cobertura, alcance, solidez institucional. Es también, en parte sustancial, una ficción estadística. Un asegurado registrado no es un cotizante activo. Es cualquier persona que, en algún momento de su vida laboral se inscribió en el sistema, aunque jamás haya vuelto a aportar.
La cifra que define la salud real del sistema es otra: 833.182 personas. Eso es todo. Ese es el número de quienes efectivamente depositaron dinero en sus cuentas previsionales durante 2024. Sobre esa base –el 14% de la población económicamente activa del país– descansa el activo financiero más grande que Bolivia ha acumulado en su historia”.
Entre otros datos, da cuenta que “el 36% del FIP está en deuda del Estado boliviano, que en 2025 usó los bonos soberanos del fondo como colateral en operaciones que reportó por casi USD 919 millones. El 57% está en depósitos bancarios: una banca que en 2025 registró utilidades récord de USD 540 millones y distribuyó al menos USD 88 millones en dividendos hacia Panamá, Bermudas, Luxemburgo y otras jurisdicciones de baja tributación. Y cerca del 3% está en bonos corporativos de empresas que, como se documenta en casos concretos, usaron esos recursos para financiar a sus matrices en el exterior. El resto va a diversificación internacional y otros instrumentos”. Acota: “la Gestora opera hace quince años sin el Directorio que la ley exige, con posiciones técnicas clave que se mantienen acéfalas, hallazgos de auditoría interna sin resolver y un bloque de reguladores –la APS, la Contraloría, la Asamblea– que no responde ni informa”.
Jaime Peña Cano comparte ese trabajo de investigación y destaca: “efectivamente, es una gran verdad amarga que todos los Bancos bolivianos le han sacado dinero a las AFPs y la Gestora en calidad de préstamos millonarios, que utilizan a su vez para prestar a la gente, con intereses altos, logran enormes ganancias, y hasta hoy con dinero de los trabajadores se han vuelto más millonarios. Lastima ver cómo la plata del trabajador hace que otros vivos acopien fortunas, mientras la clase clase laboral se debate con pensiones ínfimas y de hambre. También le deben a la Gestora empresarios de alto vuelo, agroindustriales, por supuesto el gobierno, y hasta clubes de fútbol. Así, el trabajador hace que Bolivia viva con su plata, monto multimillonario de 29 mil millones de dólares. Dinero que hace mover toda la economía nacional, pues el gobierno, la banca, y en realidad nadie tiene esa fantástica suma que, tristemente, en los hechos está confiscada. Por ello los trabajadores exigimos se nos otorgue rentas acordes con el alto costo de vida, por equidad y justicia social”.
www.facebook.com/dafoheradio