El espejismo de la devaluación

La reciente decisión del Gobierno nacional de abandonar el anclaje cambiario fijo y migrar hacia un sistema de flotación flexible —que establece una cotización inicial de 9,73 bolivianos por dólar— representa el reconocimiento oficial de un secreto a voces: la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda frente a las divisas extranjeras. Técnicamente inevitable por el colapso de las Reservas Internacionales Netas (RIN), esta devaluación oficializada arrastra consigo una serie de implicancias profundas que redibujarán el mapa económico del país, pero que resultarán estériles si el Ejecutivo persiste en eludir las reformas estructurales de fondo.
En el espectro de las variables positivas, la medida pretende sincerar un mercado cambiario que se hallaba sumido en la distorsión y el agio. Al acercar el tipo de cambio oficial a la realidad del mercado paralelo, se busca devolver previsibilidad al comercio exterior, dotar de oxígeno a los sectores exportadores —que ahora recibirán un valor más competitivo por sus productos— y desincentivar el contrabando de importación. No obstante, el reverso de la moneda es alarmante. La devaluación podría encarecer de forma inmediata los insumos importados, la tecnología y los bienes de capital que la industria nacional necesita para subsistir. Este encarecimiento se trasladará con rapidez al consumidor final, atizando una espiral inflacionaria que erosionará los salarios de las familias bolivianas y encarecerá el costo de vida.
El problema medular radica en que modificar el tipo de cambio es un mero analgésico para un cuerpo enfermo de indisciplina fiscal. El verdadero motor de la crisis boliviana no es el precio del dólar, sino el crónico y abultado déficit fiscal que el país arrastra desde hace años debido a un modelo basado en el despilfarro estatal. Emitir una nueva cotización de la moneda, nada soluciona si el Estado Central se niega a recortar el gasto público corriente. Es inadmisible que se continúe financiando un aparato burocrático hipertrofiado, ineficiente y gravoso, cuyo sostenimiento devora los pocos recursos disponibles.
Asimismo, resulta imperativo avanzar hacia el cierre definitivo o la privatización de las decenas de empresas estatales deficitarias que operan como agujeros negros para el erario nacional. Mantener estas corporaciones vivas por razones políticas es una irresponsabilidad financiera insostenible. La devaluación aislada, sin un plan de salvataje económico integral y negociado con organismos multilaterales, es un salto al vacío. El país urge de reformas que limiten la discrecionalidad del gasto, reduzcan sustancialmente la burocracia estatal y restablezcan la confianza de la inversión privada.
Si las autoridades económicas pretenden que la flexibilización cambiaria sea el inicio de la estabilidad y no el preámbulo de una hiperinflación, deben entender que el verdadero ajuste no lo debe pagar el ciudadano en los mercados, sino el propio Estado en sus oficinas.