El fetiche de la ley en Bolivia

Bolivia padece una adicción crónica a la tinta oficial. Existe una peligrosa creencia colectiva, alimentada desde el populismo, de que la realidad cambia por promulgar una norma. Esta ingenuidad legislativa ignora que las leyes no tienen súper poderes y que no son varitas mágicas capaces de extirpar males sociales profundos. Al contrario, el exceso de regulaciones genera una falsa sensación de victoria que adormece la verdadera acción del Estado.
La evidencia de este fracaso normativo es contundente. Hace más de una década se promulgó la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Se nos prometió una sociedad integradora; sin embargo, tensiones de clase, desprecio por el origen étnico y discursos de odio siguen vigentes en las calles y en la arena política. El racismo no desapareció con la amenaza penal, porque la intolerancia no se cura con un artículo constitucional, sino con debate público y convivencia.
La historia se repite en cada ámbito crítico. La pomposa Ley de Lucha contra la Corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz” llegó bajo la premisa de limpiar la administración pública. Hoy, escándalos de desfalco, uso patrimonial de recursos y prebendalismo judicial demuestran que las coimas no temen a textos legales. Un entramado híper regulado solo sirve para burocratizar procesos y usar la justicia como arma de persecución política, mientras la impunidad real sigue intacta.
El drama más desgarrador ocurre en la violencia doméstica y entre hombres y mujeres. La Ley 348 prometió garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Años después de su implementación, las cifras de agresiones y feminicidios siguen estables o al alza. El asesinato de mujeres no se frena endureciendo penas si los operadores de justicia revictimizan a quienes denuncian o si el sistema es corruptible. Recientemente, con la llamada Ley Brisa, se buscó reaccionar ante el alarmante abuso sexual infantil, pero lo más seguro es que esta norma tampoco sirva para disminuir el número de violadores. El papel aguanta todo, pero las víctimas siguen desamparadas.
La idea de que con más leyes se transformará la realidad es, cuando menos, ingenua. La abundancia de leyes solo enmascara la incapacidad del Estado para resolver problemas estructurales y, sobre todo, los vicios y malos hábitos de la sociedad. Las mentalidades no cambian por decreto ni por imposición penal. El verdadero cambio de la conducta humana se transforma de manera gradual y lenta, a través de dos pilares que el populismo punitivo suele ignorar: la educación sostenida y las oportunidades económicas reales, a través de la competencia y la libre empresa.
Solo un ciudadano educado en valores y con estabilidad económica suficiente para construir un proyecto de vida sólido deja de ser vulnerable al delito o a la violencia. Mientras el país prefiera el populismo antes que equipar escuelas y universidades o generar empleos dignos, seguiremos atrapados en este bucle de frustración legalista. Es hora de dejar de legislar para la tribuna y empezar a gestionar soluciones de fondo. El tejido social boliviano se sana con oportunidades reales, no con más tinta en la Gaceta Oficial.