Cuando Álvaro García Linera ante su reciente obra literaria (de quien se precia de tener una biblioteca de alto valor patrimonial) en respuesta a la crisis inhumana que padece el pueblo boliviano afirma que “aún no se podrá gobernar sin los indios; ellos definirán quién no va a gobernar”, probablemente cree estar describiendo una realidad política. Sin embargo, termina revelando una preocupante deformación del concepto de inclusión que durante años fue presentado como uno de los mayores logros del proceso de cambio.
Se debe reconocer algo elemental: la inclusión social y política de sectores históricamente marginados constituye quizás el aspecto más rescatable de los casi veinte años de gobierno del MAS. Millones de bolivianos que durante décadas permanecieron invisibilizados encontraron espacios de participación, representación y protagonismo en la vida nacional. Fue una conquista democrática que amplió derechos y fortaleció la ciudadanía.
Pero la inclusión tiene una característica fundamental: suma.
Suma ciudadanos, suma derechos, suma participación, suma igualdad de oportunidades.
Lo que nunca debería hacer es restar democracia ni dividir a la sociedad entre quienes tienen derecho a decidir el destino del país y quienes deben resignarse a obedecer. Es precisamente allí donde la afirmación de García Linera muestra su contradicción más profunda.
Si la inclusión pretendía construir una Bolivia donde todos tengan las mismas oportunidades políticas, ¿cómo se explica una narrativa según la cual determinados sectores tendrían la capacidad de definir quién puede gobernar y quién no? ¿No era precisamente contra esa lógica de exclusión que se luchaba?
La pregunta resulta aún más pertinente porque García Linera ni siquiera aclara a qué “indios” se refiere. Bolivia reconoce decenas de pueblos y naciones indígenas con identidades, intereses y visiones distintas. Pretender que todos responden a una única voluntad política constituye una simplificación tan absurda como considerar que todos los profesionales, empresarios, obreros o campesinos piensan de la misma manera.
La Constitución Política del Estado tampoco reconoce ciudadanos de primera, segunda o quinta categoría, todos poseen exactamente los mismos derechos políticos. Todos pueden elegir. Todos pueden ser elegidos. Todos tienen el mismo valor ante la ley, lo contrario significaría una abierta discriminación, constituyéndose en un flagrante delito penal con serias consecuencias.
Por ello, cuando se sugiere que un sector específico determinará quién no gobernará, se introduce un elemento profundamente antidemocrático: la idea de que existen grupos con una legitimidad superior a la del resto de la sociedad.
La democracia funciona exactamente al revés. No son las corporaciones, los sindicatos, los movimientos sociales ni los grupos de presión quienes deciden quién gobierna. Son los ciudadanos mediante el voto libre y soberano.
Lo contrario conduce inevitablemente a una democracia condicionada, donde el poder deja de depender de las urnas para depender de la capacidad de presión de determinados sectores.
Pero existe otra contradicción, aún más evidente. Durante dos décadas el discurso oficial sostuvo que los sectores históricamente excluidos debían acceder al poder porque poseían la misma capacidad y dignidad que cualquier otro ciudadano. Sin embargo, la experiencia también demostró que la inclusión fue confundida demasiadas veces con el reparto de cargos, el cuoteo político y la designación de autoridades cuya principal credencial era la lealtad partidaria, antes que la preparación profesional.
El resultado fue la progresiva degradación institucional que hoy sufre el país.
Porque gobernar no es una cuestión de origen étnico, sindical o regional. Gobernar exige conocimiento, experiencia, capacidad de gestión y resultados.
Es imperante recordar que los problemas económicos no se resuelven con consignas, la escasez de combustibles no desaparece con discursos, la falta de dólares no se corrige mediante relatos ideológicos.
La crisis no distingue entre indígenas, mestizos que según el último censo de población constituyen la gran mayoría, campesinos o profesionales, golpea por igual a todos los bolivianos.
Por eso resulta paradójico que quien durante años defendió la inclusión, termine promoviendo una narrativa que resta ciudadanía y divide a la sociedad en bloques enfrentados.
La inclusión auténtica suma, la exclusión resta y el sectarismo divide.
Existe una frase de suma trascendencia histórica, en la mochila de todo soldado está el bastón de mando.
El autor es diplomático de carrera y politólogo.