Bolivia rehén: las dos caras de una aguda crisis

El tejido social, económico y político de Bolivia atraviesa una de sus crisis más severas y estructurales, comparable con 2003 o 2019, con un foco de alta tensión concentrado en la región occidental del país. Para comprender la magnitud de esta fragmentación, es indispensable ir a la raíz profunda del conflicto: el racismo secular y la histórica división entre los denominados “q’aras” (la élite percibida como blanca o mestizo-criolla) y los indígenas aimaras. Esta brecha de origen colonial, lejos de cerrarse, ha sido instrumentalizada a lo largo de las décadas para profundizar el resentimiento mutuo y atomizar el poder. En los años del llamado Proceso de Cambio se agudizó el antagonismo racial. Y el odio heredado imposibilita hoy un proyecto de nación verdaderamente cohesionado, transformando al occidente en un polvorín identitario, donde el diálogo democrático ha quedado completamente relegado.
Sin embargo, a este conflicto histórico y cultural se le ha sumado un elemento contemporáneo sumamente destructivo: el narcotráfico. El negocio ilícito de las drogas ya no opera como un simple fenómeno económico marginal; hoy funciona como una red de crimen organizado y transnacional que busca activamente capturar el aparato estatal, para hacer de las suyas. El objetivo principal de estos cárteles es la instauración de gobiernos débiles y populistas, permeables y sumisos que se plieguen por completo a sus exigencias de impunidad, control territorial y libre tránsito. Esta dinámica delictiva está dinamitando desde las bases la institucionalidad boliviana y convirtiendo el área occidental en una zona de alta vulnerabilidad operativa, donde la ley de las mafias pretende sustituir a la ley del Estado. No solo es el Chapare. También, el norte de Potosí, entre otros lugares…
Ante el inminente riesgo de un colapso institucional y la desestabilización absoluta de la región, la comunidad internacional no puede permanecer como una espectadora pasiva. En este escenario adverso, Estados Unidos emerge como un actor clave capaz de brindar un respaldo estratégico para salvaguardar el orden constitucional boliviano. No obstante, para neutralizar de inmediato el relato victimista de la izquierda internacional —siempre presta a denunciar cualquier tipo de cooperación extranjera como un acto de “injerencia” o imperialismo—, esta asistencia internacional debe configurarse de manera inteligente, sutil y estrictamente técnica y logística.
El respaldo norteamericano debería canalizarse a través de un sólido apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia científica. Al evitar taxativamente la presencia de botas militares en el terreno o cualquier tipo de tutela política directa, se preserva intacta la soberanía nacional ante el escrutinio retórico de los bloques ideológicos autoritarios y populistas. Esta cooperación puntual permitiría dotar a las fuerzas institucionales bolivianas de las capacidades de telecomunicaciones, transporte especializado y monitoreo satelital, necesarias para desarticular los enclaves del crimen organizado.
Salvar la democracia boliviana exige reconocer con honestidad tanto las viejas heridas del racismo colonial como las nuevas amenazas de las redes criminales; solo un esquema de asistencia logística externa y técnica permitiría frenar este sometimiento mafioso sin encender las alarmas ideológicas de la región ni los relatos interesados de la prensa ideologizada.