El crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y el activismo político violento, han permeado la institucionalidad en la región principalmente, en nombre de “reivindicaciones sociales” enarboladas por frentes woke o progresistas que utilizan las necesidades de los pobres y poblaciones menos favorecidas, para construir narrativas, que en la realidad solo sirven para buscar el poder a nombre de éstos, para luego seguir manteniéndolos en la pobreza y dependencia, a fin de que sigan apoyándolos para que conserven el poder.
Cuando esos grupos criminales, dejan de detentar el poder, buscan diversas formas de recuperarlo, principalmente de manera violenta, una de ellas los procesos sediciosos, para lo cual acuden a activar a sus voceros, alborotadores profesionales, esbirros. Pasando a la conflictividad armada, a través de mercenarios y grupos terroristas, todo con el fin de desestabilizar el orden legalmente constituido. De allí que, la democracia y la población en Bolivia están plena y claramente en peligro, amenazadas por grupos criminales nacionales y transnacionales.
Desde el derecho internacional, cuando las protestas sociales dejan de ser pacíficas, bloqueando el paso de: ambulancias, equipos e insumos médicos, alimentos, combustibles y personas, afectando la vida de las personas no involucradas en el conflicto, caen en delitos de orden internacional, denominados Crímenes de Lesa Humanidad, establecidos en el Estatuto de Roma. Una de ellas es el de Exterminio, que en su Art. 7.1.b establece que no sólo implica la matanza directa, también la imposición de condiciones de vida de manera intencional con privación de acceso a alimentos y medicinas, para causar la destrucción de una población (responsabilidad directa de los causantes).
Ese tipo de comportamientos, ha recibido respuesta por parte de Estados Unidos y sus aliados, en una coalición hemisférica que fue denominada Escudo de las Américas (marzo/2026), cuya sigla es ACCC (Coalición Americana Contra los Carteles), explicada de nuestra parte en diversos artículos. En el presente caso, las diferencias que posee con relación a la Carta Democrática Interamericana (OEA, 2001), se resumiría en Acción (ejecutiva) versus Declaración (burocracia), respectivamente.
Véase en la práctica, el ACCC o Escudo de las Américas es una coalición política-militar transnacional apoyada en convenios de seguridad contra amenazas hibridas actuales; mientras que, la Carta Democrática es un instrumento declarativo multilateral supranacional de la OEA. Para activarlas, el ACCC sólo requiere la decisión ejecutiva directa del Presidente afectado en nombre de su Estado con apoyo de los países aliados; mientras que la Carta Democrática necesita aprobación del Consejo Permanente o Asamblea General de la OEA con 2/3 de votos a favor.
Luego, desde el enfoque axiológico, el ACCC se apoya en el principio de preservación del orden legalmente constituido mediante cooperación militar, policial y de inteligencia efectivas. Mientras que, la Carta Democrática se apoya en el principio de no intervención, respeto a la soberanía y acudir al dialogo diplomático de las partes en conflicto (varios meses o años).
Coercitivamente, el ACCC inserta medidas reales con el bloqueo financiero (individuos e instituciones) como el CinFen de EEUU, cooperación en el uso de la fuerza sobre la base de solicitudes legales y operaciones de inteligencia táctica. En el caso de la Carta Democrática, se sanciona diplomáticamente, como la suspensión de la membresía ante la OEA.
Ambos mecanismos, son útiles para el Estado de Bolivia y su gobierno constitucionalmente elegido, la activación de ambos en paralelo, es relevante y deber del actual gobierno boliviano. En el caso de la ACCC o Escudo de las Américas, ya está en acción a favor de Bolivia, ya se emitieron declaraciones conjuntas de los aliados apoyando al gobierno de Bolivia, rechazando a los grupos subversivos levantados. Listando a grupos narcoterroristas declarados, inclusive.
El despliegue operativo, es gradual, enfocado prioritariamente a la ayuda humanitaria y logística a favor de la población boliviana, con trazabilidad de financiamiento y uso de inteligencia operativa, y sólo en caso de ser necesario se podría, tal vez, acudir al uso de la fuerza combinada de la coalición. Lo que sí debe quedar claro, que Bolivia no está sola y no se permitirá que el crimen organizado y narcoterrorismo, afecte al hemisferio. Protegido bajo el liderazgo de EEUU.
Por último, la ley reglamentaria para el Estado de Excepción aprobada en Bolivia, opera bajo el principio de “presunción de legalidad operativa” a favor de las fuerzas de seguridad y sus miembros, siendo un instrumento que ayudará a reforzar los mecanismos del ACCC y la OEA, con base en el respeto a la proporcionalidad ante conflictos presentes en Bolivia, cuya población es la verdadera víctima de los grupos criminales que enarbolan reinvindicaciones y exigencias irracionales y antidemocráticas.
El autor es diplomático e internacionalista.