La Bolivia de los bloqueos no es una Bolivia en resistencia; es una Bolivia atrapada en un círculo de autodestrucción. Cada carretera cerrada no solamente detiene vehículos: detiene alimentos, trabajo, medicinas, exportaciones, inversión y, sobre todo, esperanza.
El problema de fondo no es solamente económico; es institucional y cultural. Hemos normalizado la idea de que bloquear, paralizar o asfixiar al país es una forma legítima y cotidiana de hacer política, pero ninguna nación puede desarrollarse bajo una lógica permanente de confrontación interna.
Daron Acemoglu y James Robinson, reconocidos mundialmente por sus estudios sobre instituciones y desarrollo, sostienen que los países prosperan cuando existen instituciones inclusivas y reglas previsibles. La riqueza de las naciones no depende únicamente de recursos naturales, sino de la capacidad de construir estabilidad, seguridad jurídica y cooperación social. Cuando las reglas se reemplazan por la coerción, la presión corporativa o la paralización sistemática del país, las instituciones se erosionan y la economía comienza a deteriorarse desde adentro.
Cada carretera bloqueada transmite un mensaje devastador: aquí la fuerza pesa más que la institucionalidad. Cuando un país normaliza eso, las consecuencias son inevitables. Aumenta el riesgo país, cae la inversión, se paralizan exportaciones y se acelera la fuga de capitales. Ningún inversionista –nacional o extranjero– apuesta por una economía donde mercancías, alimentos o combustible pueden quedar retenidos durante semanas por conflictos políticos.
Pero lo más trágico de esta crisis no es solamente el daño económico, es el carácter profundamente popular del sufrimiento. Muchos de quienes hoy bloquean son campesinos y trabajadores humildes, personas que probablemente serán las primeras víctimas del deterioro económico que ellos mismos –en su mayoría obligados por dirigencias sindicales– están ayudando a profundizar. El pequeño productor perderá mercados, el comerciante verá subir costos, el trabajador informal dejará de generar ingresos. Y cuando la inflación golpee con más fuerza, serán precisamente esos hogares los que menos herramientas tengan para defenderse.
La tragedia adquiere un matiz todavía más doloroso cuando aparecen víctimas directas. El llanto de una madre al perder a un hijo, policías hijos de obreros, campesinos y comerciantes enfrentándose a los suyos por una disputa política que parece haber perdido toda proporción.
La ciudadanía común queda atrapada en el medio. Cuentapropistas imposibilitados de trabajar, hospitales preocupados por la provisión de oxígeno, sangre y medicamentos, familias enteras pendientes de si llegará comida o combustible. La vida cotidiana empieza a girar alrededor de la escasez y la incertidumbre.
Aquí resulta inevitable recordar a John Nash y su teoría de juegos, que revolucionó la economía moderna. Nash mostró que los resultados más eficientes no surgen cuando cada actor persigue únicamente su beneficio individual, sino cuando las decisiones incorporan también el bienestar de los demás participantes. Una sociedad funciona mejor cuando existe cooperación y coordinación, no cuando cada grupo intenta maximizar su interés inmediato aun a costa del resto.
Y quizá ahí radica la lección más importante de esta crisis: un país no colapsa únicamente por falta de dinero. También colapsa cuando pierde la capacidad de cooperar consigo mismo.
Siempre me ha gustado respaldar mis opiniones con trabajos de economistas de renombre o galardonados con el Premio Nobel, con lo que la evidencia y los datos enseñan, pero en esta ocasión, más allá de cualquier teoría, siento que la lógica y el sentido común bastan para entender que Bolivia está entrando en una dinámica profundamente autodestructiva.
El autor es economista.