Las reestructuraciones y transformaciones profundas que proponen algunos analistas frente a la crisis de la justicia boliviana no llegan, en muchos casos, más allá de mantener una institucionalidad que, durante años, ha demostrado ser ineficiente, burocrática y alejada de las víctimas.
La crisis del Ministerio Público vuelve a estar en el centro del debate nacional. Las recientes denuncias e investigaciones que involucran a autoridades y funcionarios de la Fiscalía han puesto nuevamente en evidencia los graves problemas que atraviesa la administración de justicia y, particularmente, una institución cuya función debería ser defender la legalidad, promover la acción penal pública y proteger a las víctimas de los delitos.
Pero el debate no debería limitarse a preguntar quién debe ocupar el cargo de Fiscal General, cómo designar a los fiscales o qué leyes deben ser modificadas. La pregunta de fondo debería ser mucho más radical: ¿Bolivia realmente necesita mantener el actual Ministerio Público?
Una institución que se convirtió en una traba
Para miles de víctimas, llegar a la justicia comienza con una verdadera carrera de obstáculos. Denuncias y querellas son rechazadas, archivadas o desestimadas mediante procedimientos que muchas veces terminan favoreciendo al denunciado, antes que garantizar una investigación efectiva.
El problema no es solamente la conducta individual de determinados fiscales. Existe también una estructura institucional que permite que una denuncia pueda quedar paralizada durante meses o años, mientras la víctima continúa esperando justicia.
Por ello, resulta insuficiente hablar únicamente de una reestructuración. Si la misma estructura, los mismos procedimientos y la misma concepción institucional permanecen intactos, cambiar autoridades no resolverá el problema de fondo.
Los recientes acontecimientos relacionados con el entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien fue aprehendido junto con otras autoridades y funcionarios dentro de una investigación por presuntos delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas, organización criminal y corrupción, han profundizado el cuestionamiento público.
Los operativos también involucraron al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, al mayor de Policía Rubén Aparicio y al abogado Martín Irusta.
Más allá de las responsabilidades individuales que deberán ser establecidas conforme a la ley, estos hechos vuelven a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿puede una institución encargada de combatir el delito convertirse ella misma en objeto de investigaciones por hechos de corrupción y criminalidad?
Reformar la Fiscalía o eliminarla
Algunos analistas, como el abogado Paul Coca, han señalado que la crisis demuestra la necesidad de modificar leyes vinculadas al Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía, buscando garantizar la independencia de jueces, fiscales y policías frente al poder político.
Es una propuesta que merece ser discutida. Sin embargo, desde mi punto de vista, se queda corta.
¿Por qué limitarse a reformar una institución cuya estructura ha demostrado ser incapaz de responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas?
Una senadora incluso ha calificado a la Fiscalía como el “monstruo” creado por la Constitución Política del Estado, cuestionando las atribuciones otorgadas al Fiscal General y calificándolas como una suerte de “suprapoderes”.
La Asamblea Legislativa, por su parte, suspendió definitivamente a Mariaca con 113 votos de 128, después de conocerse su imputación formal. Algunos parlamentarios consideraron esta decisión un hito y una oportunidad para iniciar una reforma de la justicia.
Pero si realmente se quiere aprovechar esta coyuntura, el debate debe ir mucho más allá de sustituir a una autoridad por otra.
¿Para qué necesitamos fiscales que no investigan?
La función de perseguir el delito requiere conocimiento científico y técnico de investigación criminal. Sin embargo, nuestro sistema coloca gran parte de esa responsabilidad en abogados que, por su formación profesional, no necesariamente son especialistas en investigación criminal, inteligencia, criminalística, criminología, análisis de evidencias o técnicas modernas de investigación.
El abogado conoce el derecho; el investigador criminal debe conocer cómo descubrir el delito, identificar a sus autores, reconstruir los hechos, obtener evidencias y establecer científicamente lo ocurrido.
Bolivia necesita recuperar y fortalecer la formación especializada en investigación criminal. No se trata simplemente de aumentar el número de abogados-fiscales, sino de formar verdaderos profesionales de la investigación, como en el pasado se intentó mediante instituciones especializadas como la desaparecida Escuela Nacional de Detectives.
La lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, los delitos económicos y otras formas modernas de criminalidad exige especialistas, tecnología, laboratorios, inteligencia criminal y procedimientos científicos.
La eliminación como una verdadera desburocratización
Por eso planteo una discusión que hasta ahora casi nadie se atreve a colocar en el centro del debate: la eliminación del actual Ministerio Público y de la Fiscalía como institución, sustituyéndolos por un nuevo modelo de investigación y persecución penal.
Esto implicaría, naturalmente, una reforma de la Constitución Política del Estado y la eliminación o sustitución de la actual Ley Orgánica del Ministerio Público.
No se trata de dejar a la sociedad sin protección frente al delito. Todo lo contrario. Se trata de construir un sistema mucho más eficiente, especializado y cercano a las víctimas.
La investigación criminal debe estar en manos de profesionales especializados, con unidades técnicas independientes, mecanismos estrictos de control y procedimientos transparentes. Los jueces deben conservar su función jurisdiccional y los investigadores deben concentrarse en descubrir los delitos y aportar las pruebas necesarias para que la justicia pueda actuar.
De esta manera también podría reducirse una enorme carga burocrática que actualmente pesa sobre el sistema de justicia.
Y existe otro aspecto que tampoco debe ser ignorado: el costo económico del actual aparato institucional. Si se elimina una estructura burocrática que no cumple adecuadamente sus objetivos, los recursos públicos podrían ser destinados a áreas prioritarias como educación, salud, seguridad ciudadana y formación de profesionales especializados.
No basta con cambiar leyes
El fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, anunció una reestructuración del Ministerio Público, incluyendo la revisión de las fiscalías departamentales y cambios en los mecanismos de designación de fiscales.
También han sido planteados mecanismos de registro, trazabilidad y control de las actuaciones de fiscales y operadores judiciales.
Asimismo, autoridades como el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y Samuel Doria Medina han reclamado una Fiscalía independiente y transparente, alejada de presiones políticas y económicas.
Son propuestas importantes, pero nuevamente aparece la misma pregunta: ¿para qué perfeccionar una estructura que debería ser reemplazada por otra mucho más eficiente?
La exsenadora Centa Rek ha advertido, además, que Bolivia necesita una transformación que vaya más allá de una simple reforma constitucional. Es necesario modificar las prácticas institucionales, la cultura política, la educación y la relación entre ciudadanos y Estado.
Coincido con esa visión, pero considero que esa transformación también debe alcanzar a las instituciones que se han convertido en verdaderas trabas para el ciudadano.
Una institución “tranca” debe desaparecer
Si actualmente se habla de terminar con el “país tranca”, concepto que describe una estructura estatal caracterizada por la burocracia, los obstáculos y la dificultad para resolver los problemas de los ciudadanos, entonces debemos tener el valor de identificar cuáles son esas instituciones que mantienen esas trabas. Desde mi perspectiva, la Fiscalía es una de ellas.
Una víctima que denuncia un delito no debería comenzar un interminable recorrido burocrático buscando que un fiscal acepte investigar su caso. La justicia debe estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la burocracia judicial.
Por eso, la crisis actual debe convertirse en una oportunidad histórica. No para cambiar simplemente al fiscal general, ni para reformar parcialmente algunas leyes, sino para discutir seriamente si el modelo vigente debe continuar.
Bolivia necesita una verdadera transformación de su sistema de justicia. Y esa transformación debe comenzar por una pregunta fundamental: ¿por qué mantener una institución que, durante décadas, no ha logrado responder eficazmente a las víctimas?
La propuesta puede parecer radical, pero precisamente la profundidad de la crisis exige respuestas radicales.
Si queremos barrer las trabas del “país tranca”, una de las primeras instituciones que debemos atrevernos a cuestionar y eliminar es la Fiscalía. No para dejar impune el delito, sino para combatirlo con investigadores profesionales, especializados y eficaces, y construir una justicia realmente al servicio de la sociedad.
Aquí no se trata simplemente de decir “¡chau, fiscales corruptos!” y luego nombrar a otros. El verdadero problema está en la institución: el problema de fondo es decirle ¡chau a la Fiscalía!
El autor es comunicador social.