Nuestro país atraviesa una de sus crisis más agudas en años recientes, las calles hablan, los bloqueos se multiplican y el gobierno de Rodrigo Paz (con apenas seis meses en el poder) enfrenta una “tormenta” que combina demandas económicas, presión sindical e intereses particulares disfrazados de reivindicación popular. Ante este escenario, la pregunta honesta no es si el Estado debe dialogar, sino con quiénes lo hace, sobre qué temas y a quiénes beneficia realmente lo acordado.
El diálogo es una herramienta de gobernabilidad imprescindible en democracia, pero su validez ética depende de que los acuerdos resultantes busquen el interés general, el patrón reciente demuestra que las mesas de negociación se han convertido en espacios donde grupos organizados (con mayor capacidad de presión que de representación ciudadana) logran arrancar concesiones que benefician exclusivamente a sus afiliados, afectando al erario público y a los derechos de terceros.
El caso más crítico es el del sector cooperativista minero, tras movilizaciones que incluyeron el uso de dinamita, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 5.618 el 13 de mayo de 2026. Esta norma deja sin efecto las fiscalizaciones de la Caja Nacional de Salud (CNS) a los seguros delegados de Ferreco y Fecoman (2016-2025) y anula notas de cargo que superan los Bs 95 millones, liberando a ambas cooperativas de millonarias obligaciones financieras.
Aunque el Ejecutivo aclaró que no se trata de un “perdonazo” sino de una “regularización técnica” por vacíos normativos, prometiendo auditar el periodo 2013-2016, la respuesta social fue inmediata. La Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimras) exigió la anulación del decreto, denunciando que el gobierno cedió “ante un dinamitazo” y advirtiendo que la medida atenta directamente contra la seguridad social de todos los afiliados.
La paradoja es alarmante: mientras al trabajador asalariado se le descuenta su aporte mensual de forma puntual, a cooperativas con gran poder económico y político se les borran nueve años de obligaciones. En medio de una CNS colapsada por la falta de medicamentos y el retraso en cirugías, esos Bs 95 millones no son un simple dato técnico; representan insumos médicos que no llegarán y vidas que se ponen en riesgo.
El sector educativo sigue una lógica similar, luego de un mes de protestas y daños al Ministerio de Educación, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5.621 el 18 de mayo de 2026, creando el bono “Gestión de Aula” de Bs 2.400 para el Magisterio. Aunque la justificación oficial es promover el cumplimiento del calendario escolar, la medida premia económicamente al sector justo después de paralizar las clases, enviando el mensaje de que la suspensión de actividades da resultados.
Esta concesión profundiza las brechas salariales, ya que el magisterio fiscal es uno de los sectores mejor remunerados del empleo público, superando a los trabajadores de salud y al amplio sector informal.
Lo que subyace a estos casos es un patrón estructural: arrastramos una cultura política donde la presión violenta (bloqueos y marchas) es el canal más eficiente para acceder a los recursos estatales. Al ceder ante las medidas de fuerza, el Estado desincentiva las vías institucionales y premia la capacidad de disrupción sobre la vulnerabilidad real de las demandas, erosionando la noción del bien común.
Esta crisis ilustra esta peligrosa dinámica, lo que inició como un reclamo sectorial por la escasez de combustible, incrementos salariales y el rechazo a la Ley 1720, escaló rápidamente hacia demandas políticas que exigen la renuncia del presidente. Con numerosos puntos de bloqueo en seis departamentos, el diálogo bilateral y fragmentado del gobierno logró apagar focos de conflicto temporales, pero no resolvió la raíz del problema.
Para superar este modelo, se necesita un diálogo basado en tres condiciones hoy ausentes: universalidad, transparencia y representación. Cualquier beneficio sectorial debe justificarse bajo principios aplicables a toda la sociedad, los ciudadanos deben conocer los costos reales de cada acuerdo (como los fondos restados a la salud o infraestructura), y se debe garantizar la representación de la mayoría silenciosa que no bloquea carreteras.
El presidente Rodrigo Paz ha manifestado que la vocación de su gobierno es el diálogo, sin embargo, el diálogo verdadero y democrático no consiste en ceder ante los sectores más radicales, sino en tener la firmeza de decir “no” cuando el beneficio de un grupo específico se financia con el perjuicio de toda la sociedad. Esa es la diferencia fundamental entre gobernar con visión de país y simplemente administrar la conflictividad social.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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