Bolivia vuelve a encontrarse frente a una escena conocida: caminos bloqueados, ciudades sitiadas, alimentos que no llegan, combustibles que escasean, hospitales tensionados, familias atrapadas y un Estado obligado a negociar bajo presión. Lo preocupante no es que existan movilizaciones. En democracia, protestar es un derecho. Lo preocupante es que, bajo el nombre de protesta social, se esté normalizando una forma de chantaje colectivo, por lo que la población termina convertida en rehén de disputas políticas, sindicales y judiciales.
El país vive una coyuntura especialmente delicada. Las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz se han intensificado en medio de medidas económicas impopulares, bloqueos, desabastecimiento y denuncias de violencia. Reportes recientes dan cuenta de una cuarta semana de conflictividad, con interrupciones en el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto. A ello se suma la muerte de un manifestante durante los enfrentamientos, hecho que ha elevado todavía más la tensión política y social.
Pero reducir esta crisis a una simple reacción económica sería ingenuo. La protesta tiene causas reales, sí: inflación, precariedad, pérdida de poder adquisitivo, incertidumbre y miedo al ajuste. Sin embargo, sobre ese malestar legítimo se monta una maquinaria política mucho más compleja. Esa maquinaria combina victimización judicial, manipulación identitaria, dictadura sindical y presión territorial.
El caso de Evo Morales es central para entender este proceso. Las causas judiciales que lo rodean no operan solamente en el plano penal o procesal. Se han convertido en un detonante político. Cada actuación judicial contra el exmandatario es presentada por sus sectores afines no como un proceso contra una persona concreta, sino como una agresión contra “el pueblo”, contra los campesinos, contra los indígenas o contra los sectores populares. Esa operación discursiva es peligrosa porque transforma la responsabilidad individual en causa colectiva. Es muy ingenuo decir que “se lo está haciendo crecer a Evo Morales”, Evo Morales ha estado conspirando todos estos días y tejiendo este escenario.
En un Estado constitucional, ningún liderazgo político puede estar por encima de la ley. Pero tampoco puede permitirse que una causa judicial sea convertida artificialmente en conflicto racial, ante la inminencia de que el peso de la ley caiga sobre este señor, ha apelado a la carta de la discriminación. Ahí aparece uno de los factores más graves de la coyuntura: la inoculación del odio étnico-racial como herramienta de movilización.
Bolivia tiene heridas históricas reales. Hubo racismo, exclusión y desprecio contra los pueblos indígenas. Eso no se puede negar. Pero una cosa es reconocer esa deuda histórica y otra muy distinta es utilizarla como escudo político para impedir que una persona responda ante la justicia. Cuando se dice que investigar a un líder equivale a perseguir a todo un pueblo, se está manipulando la identidad colectiva para fabricar impunidad.
La fórmula es conocida: se presenta al adversario como “racista”, “vendepatria”, “q’ara”, “pitita”, “oligarca” o “enemigo del pueblo”. Esos rótulos ya no buscan debatir ideas. Buscan deshumanizar al contrario. Cuando el adversario deja de ser ciudadano y se convierte en enemigo histórico, la violencia empieza a parecer legítima. Así se rompe el pacto democrático.
El segundo eje es la coacción sindical. Muchas movilizaciones no se explican únicamente por convicción ideológica. Se explican también por presión orgánica. En varios sectores, quien no marcha, no bloquea o no acata una decisión dirigencial puede sufrir multas, amenazas, pérdida de beneficios, sanción social o exclusión de la organización. El ciudadano deja de actuar libremente y pasa a obedecer una estructura de control.
Ahí surge una pregunta incómoda: ¿cuántas personas están realmente movilizadas por voluntad propia y cuántas lo hacen porque temen ser castigadas por su sindicato, comunidad, gremio o federación?
La coacción no siempre necesita armas. A veces basta una lista de asistencia, una multa, una amenaza de perder el puesto de venta, el terreno, el aval, el cupo, el permiso o la pertenencia al grupo. Así, la organización social deja de ser instrumento de defensa colectiva y se convierte en mecanismo de sometimiento interno.
El problema es aún más profundo cuando algunos dirigentes descubren que el conflicto es rentable. Mientras más capacidad tienen de paralizar caminos, más capacidad tienen de negociar con el Estado. Mientras más daño generan, más poder acumulan. Entonces la movilización deja de ser excepcional y se convierte en método permanente de presión.
El bloqueo de caminos es la expresión más brutal de esa lógica. No afecta solamente al Gobierno. Afecta al transportista que vive del día, al comerciante que necesita abastecerse, al enfermo que requiere oxígeno o medicamentos, al productor que pierde su cosecha, al niño que no llega a clases, a la madre que no puede llevar alimento a su casa. El bloqueo castiga a terceros inocentes para obligar al Estado a ceder.
Eso no es protesta democrática. Eso es extorsión social.
El Gobierno de Rodrigo Paz, además, enfrenta debilidades evidentes. Llegó al poder en un Estado atravesado por redes corporativas, sindicales y territoriales que no desaparecen con una elección. Puede tener legalidad de origen, pero todavía disputa la autoridad efectiva. Puede gobernar desde Palacio, pero no necesariamente controla los territorios donde mandan estructuras sindicales, federaciones o grupos de presión.
También tiene una debilidad narrativa. Si el Gobierno no explica con claridad por qué toma determinadas medidas económicas, por qué debe restablecer el orden público y por qué los procesos judiciales no son persecución política, la narrativa radical ocupará ese vacío. En política, quien no explica, pierde. Y quien pierde el relato, muchas veces pierde también la calle.
Sin embargo, la respuesta estatal tampoco puede ser torpe ni meramente represiva. La muerte de un manifestante, los abusos policiales o el uso desproporcionado de la fuerza pueden convertir una crisis política en una crisis moral del Gobierno. La autoridad democrática debe ser firme, pero también legal, proporcional y transparente.
La salida no está en negar la protesta. Está en diferenciar con precisión entre protesta legítima y delito. Marchar es un derecho. Reclamar es un derecho. Organizarse es un derecho. Pero bloquear indefinidamente, impedir el paso de ambulancias, desabastecer ciudades, coaccionar bases, destruir bienes públicos o cercar instituciones no es ejercicio democrático: es vulneración de derechos de terceros.
Bolivia necesita recuperar una idea básica: el derecho a protestar no incluye el derecho a tomar de rehén al resto del país.
La democracia boliviana está siendo puesta a prueba. El riesgo no es solo que caiga un gobierno o sobreviva un gobierno. El riesgo mayor es que se consolide la idea de que quien bloquea más, manda más; que quien grita más, tiene más derechos; que quien moviliza más cuerpos, puede neutralizar a la justicia; que quien controla sindicatos puede reemplazar al voto popular.
Si Bolivia acepta eso, deja de ser una democracia y se convierte en una federación de vetos corporativos.
La protesta social es parte de la democracia. El chantaje no. La identidad indígena merece respeto. La manipulación racial no. El sindicato es una herramienta legítima de organización. La coacción sindical no. La justicia debe ser independiente. La impunidad política no.
Bolivia no necesita escoger entre orden y derechos. Necesita recuperar ambos. Orden sin abuso. Derechos sin extorsión. Justicia sin persecución. Protesta sin secuestro social.
La clave está en entender que el verdadero pueblo no es solo el que bloquea. También es pueblo el que necesita trabajar, circular, curarse, vender, estudiar, producir y vivir en paz. Y ese pueblo silencioso también tiene derechos.
El autor es abogado.