Estado rehén y República bajo chantaje

La crisis política que atraviesa el gobierno de Paz saca a relucir una vulnerabilidad institucional profunda y su carencia de espalda política; entonces, la autoridad estatal parece disolverse ante las imposiciones sectoriales. En este escenario, la gobernabilidad se ha transformado en una negociación perpetua bajo violencia, desvirtuando el principio fundamental de que las leyes deben imperar sobre los intereses particulares. Los chantajes de los sindicatos y corporaciones ya no buscan la reivindicación de derechos, sino la captura de pegas y prebendas y la parálisis fiscal, sometiendo al Ejecutivo a un chantaje cotidiano que debilita el Estado de derecho.
A esta fragilidad de gestión se suma una disputa ideológica preocupante: la prédica de un supremacismo aymara difundido por ciertos dirigentes y pensadores indianistas radicales. Lejos de proponer una convivencia plural o un reconocimiento a la diversidad en el marco democrático, estas corrientes promueven una retórica de exclusión que esencializa la identidad étnica y jerarquiza a los ciudadanos en función de su origen. Al instalar relatos de superioridad moral e histórica, el indianismo radical dinamita los puentes de cohesión social, reemplazando la aspiración de una ciudadanía compartida por un fraccionalismo identitario irreconciliable con el sistema democrático.
Este panorama invita a una reflexión profunda sobre la relación histórica entre el mundo andino y las instituciones modernas. Desde la fundación de la República, las estructuras comunitarias y los liderazgos tradicionales de la región andina han mostrado una marcada renuencia a asimilar las reglas y los límites del juego democrático liberal. Para comprender esta resistencia, es necesario entender que la democracia republicana se fundamenta en el individuo, el voto secreto, la alternancia y el respeto irrestricto a un marco constitucional abstracto. Por el contrario, la organización social andina ha priorizado históricamente la deliberación comunitaria, la toma de decisiones por consenso corporativo y una concepción del poder ligada al territorio y al linaje, más que a la alternancia legal.
De este modo, las normas republicanas suelen ser percibidas en estos sectores como una imposición foránea o un formalismo vacío que interfiere con sus dinámicas de auto organización. El conflicto actual no es meramente coyuntural; es el choque irresuelto entre el orden legal de una República que exige límites al poder y una cosmovisión que opera bajo lógicas de acción colectiva directa y veto social. Mientras no se logre una verdadera síntesis institucional que compatibilice el respeto a la ley con la realidad sociológica del país, el Estado seguirá siendo rehén de la fragmentación y la debilidad institucional.
Pero lo urgente es la crisis económica que está asfixiando sobre todo a La Paz, rehén de un cerco masista/indígena que la está dejando sin alimentos y sin medicamentos ni oxígeno. ¿Por qué la ley y los derechos humanos son solo para unos —en este caso, para los sediciosos y rebeldes— y no para los ciudadanos que quieren trabajar y estabilidad social? ¿Por qué los políticos y los administradores de la justicia actúan de manera tan sesgada o incluso mojigata? Es momento de poner los puntos sobre las íes, de terminar con estos conflictos que hacen miserable la vida de muchos y de recuperar el Estado de derecho, con ciudadanía plena para todos.