El paro del transporte público impulsado ayer por la Confederación de Choferes de Bolivia, en cuya dirigencia existen exautoridades del Movimiento al Socialismo (MAS), que ejercieron cargos en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante los gobiernos “masistas”, afectó la circulación en varios departamentos del país y volvió a convertir el bloqueo en una medida de presión que terminó castigando principalmente a la población trabajadora.
Reportes de la ABC registraron cortes en rutas de La Paz, Oruro, Cochabamba y Tarija, mientras otros medios informaron bloqueos también en Chuquisaca y otros puntos del país.
Aunque los dirigentes justificaron la protesta por la mala calidad del combustible y exigieron respuestas directas del Gobierno, la medida rebasó el reclamo sectorial al impedir el libre tránsito de ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto.
La protesta perjudicó a personas que debían trasladarse largas distancias a sus fuentes laborales, enfermos que no pudieron llegar a hospitales o consultas médicas, estudiantes y trabajadores por cuenta propia que viven del ingreso diario.
La situación fue más grave en regiones como Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Tarija y La Paz, donde los bloqueos alteraron la actividad cotidiana.
En contraste, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el transporte público fue normal y las distintas líneas de micros salieron a trabajar desde la madrugada de ayer, en una jornada que se desarrolló sin interrupciones visibles en el servicio urbano.
Por su parte, la Cámara de Transporte del Oriente rechazó el paro anunciado por choferes a nivel nacional y advirtió que este tipo de medidas agrava la crisis económica en Bolivia.
El presidente del sector, Luis Añez explicó que representan a empresarios del transporte nacional e internacional, encargados de movilizar exportaciones e importaciones.
Añez sostuvo que el transporte debe mantenerse activo para garantizar el sustento de miles de familias y apoyar sectores productivos como la cosecha en Santa Cruz. “Un paro nos perjudicaría en gran manera”, indicó.
Asimismo, alertó que la paralización del país genera pérdidas diarias de entre 40 y 50 millones de bolivianos en concepto de fletes. “Es una pérdida grande, no podemos darnos ese lujo”, remarcó.
El paro también dejó al descubierto prácticas abusivas de algunos bloqueadores, que no solo presionaron a la población, sino también a sus propios compañeros de trabajo que decidieron no sumarse a la medida. Esa conducta debilita cualquier reclamo legítimo, porque transforma una demanda sectorial en imposición, intimidación y perjuicio colectivo.
En un país golpeado por crisis económica, falta de combustible y conflictividad social, bloquear calles y carreteras no puede seguir siendo la primera respuesta de sectores dirigenciales, menos aún cuando existen denuncias de intereses políticos vinculados al MAS y advertencias oficiales sobre intentos de desestabilización.
Si bien la protesta es un derecho, pero impedir que otros trabajen, estudien o busquen atención médica es un abuso que termina enfrentando al pueblo contra el pueblo. (Agencias)
