El asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, provocó una amplia ola de reacciones en el ámbito político e institucional de Bolivia, donde autoridades de los distintos órganos del Estado, entidades públicas y actores políticos coincidieron en condenar el hecho y exigir su pronto esclarecimiento.
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Senadores expresó su “más enérgico repudio y profunda consternación” por el crimen, señalando que la muerte violenta de una autoridad judicial no solo enluta a su entorno familiar, sino que representa un atentado contra la institucionalidad democrática, la justicia y el Estado de Derecho. En su pronunciamiento, la instancia legislativa enfatizó que este tipo de hechos no puede quedar en la impunidad, por lo que instó a las autoridades competentes a llevar adelante una investigación inmediata, transparente y exhaustiva que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales.
En la misma línea, el Tribunal Agroambiental manifestó su “más profundo dolor, consternación e indignación” por la muerte de quien fuera su decano, destacando que el crimen trasciende lo individual y constituye una grave afrenta a la independencia judicial y a la seguridad de las autoridades jurisdiccionales. La institución subrayó que este hecho golpea al conjunto del Órgano Judicial y a la institucionalidad del país, por lo que exigió al Ministerio Público una investigación pronta y efectiva, orientada al esclarecimiento total de los hechos. Asimismo, exhortó a las instancias del Estado a adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de jueces y magistrados, fortaleciendo los mecanismos que resguardan el ejercicio independiente de la función judicial.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del magistrado y condenó de manera firme y categórica las circunstancias violentas que rodearon su muerte. En su comunicado, la Cancillería advirtió que este hecho constituye un grave atentado contra la institucionalidad democrática, la independencia de los órganos del Estado y la seguridad de las autoridades públicas. En ese marco, instó a que las autoridades competentes desarrollen una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables conforme a ley, reafirmando además su compromiso con la defensa de la vida, la justicia y el respeto al orden constitucional.
A su vez, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó su profundo pesar y enérgico repudio por el asesinato, calificándolo como una grave afrenta contra los principios del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la convivencia pacífica. La entidad electoral remarcó que la violencia no puede tener cabida en una sociedad basada en el respeto a la ley y a la vida, y manifestó su confianza en que el Ministerio Público llevará adelante una investigación transparente que permita identificar a los responsables y evitar que el hecho quede en la impunidad.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso, lamentando profundamente lo ocurrido y enfatizando que se trata de un hecho de extrema violencia que no puede quedar sin sanción. La institución defensorial exigió una investigación exhaustiva, transparente y oportuna, subrayando que la protección de la vida y la seguridad de la población constituyen obligaciones fundamentales del Estado. Asimismo, instó a las instituciones competentes a actuar con celeridad para brindar certidumbre y tranquilidad a la ciudadanía frente a este tipo de hechos.
En el ámbito político, el expresidente Jorge Quiroga expresó su rechazo al crimen, al que calificó como “espeluznante”, y advirtió sobre una preocupante sucesión de hechos violentos en el país. En su pronunciamiento, atribuyó esta situación al avance del narcotráfico y a la proliferación del sicariato, planteando la necesidad de frenar estos fenómenos que, a su juicio, están deteriorando la seguridad y la institucionalidad en Bolivia.
Las distintas reacciones coinciden en destacar la gravedad del asesinato y su impacto no solo en el Órgano Judicial, sino en el conjunto de la institucionalidad democrática del país. En ese contexto, se ha instalado una demanda generalizada por el esclarecimiento del crimen, la sanción a los responsables y la adopción de medidas que garanticen la seguridad de las autoridades públicas y de la ciudadanía en su conjunto.
Asimismo, declaró nueve días de duelo institucional, disponiendo el izado de la bandera a media asta, el uso de listón negro y la suspensión de actos protocolares, aunque sin afectar las actividades jurisdiccionales ni administrativas, que continuarán con normalidad en todo el país.