La Fiscalía General del Estado dispuso la conformación de una comisión de fiscales y el despliegue de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para investigar el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido la noche del jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La institución anunció que el caso será investigado de manera “exhaustiva y minuciosa” para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público activó de manera inmediata los mecanismos de investigación tras conocerse el fallecimiento de la autoridad judicial en un hecho violento registrado en inmediaciones de la avenida Busch y cuarto anillo. El ataque, según los reportes, fue ejecutado por dos personas que se desplazaban en una motocicleta.
Uno de los sujetos descendió del vehículo, se acercó al motorizado en el que se encontraba Claure y abrió fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga junto a su cómplice. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona, material que ya forma parte de las pericias en curso.
La Fiscalía informó que, junto a la comisión de fiscales, se realizará el análisis de los elementos recolectados en el lugar del hecho, así como de las imágenes de vigilancia y otros indicios que permitan reconstruir la dinámica del crimen. El objetivo central, según la institución, es establecer con precisión la responsabilidad de los involucrados y sustentar la acusación correspondiente.
“Este hecho no solo enluta a una familia, sino también al sistema de justicia del país, por ello, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este momento de profundo dolor”, señaló el Ministerio Público en un pronunciamiento oficial, en el que además reafirmó su compromiso con el esclarecimiento del caso.
Asimismo, indicó que la investigación se desarrollará bajo criterios de rigurosidad técnica y responsabilidad institucional, garantizando el respeto a la víctima y a sus familiares. En ese marco, se instruyó el trabajo coordinado entre fiscales asignados al caso y peritos del IDIF para acelerar las actuaciones investigativas.
Según los primeros reportes, tras el ataque el magistrado quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital de la capital cruceña. Sin embargo, llegó al centro médico sin signos vitales, lo que confirmó su deceso poco después del hecho.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla, donde se realizó la autopsia legal correspondiente. El informe forense estableció que la víctima recibió cuatro impactos de bala, los cuales provocaron un shock hipovolémico a consecuencia de una hemorragia severa.
El examen médico también determinó que las heridas afectaron principalmente la región torácica y otras partes del cuerpo, lo que provocó su fallecimiento. El cuerpo de la autoridad judicial permaneció en instalaciones forenses hasta la llegada de sus familiares, tras lo cual fue trasladado a la ciudad de Cochabamba para su velorio y posterior sepultura.
En paralelo a las acciones del Ministerio Público, el caso continúa generando repercusiones dentro del sistema judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, expresó su consternación por el crimen y cuestionó la situación de seguridad en el país, al señalar que hechos de este tipo evidencian una “ausencia de Estado” frente al avance del sicariato.
El magistrado calificó lo ocurrido como un hecho que “sobrepasó los límites” y envió sus condolencias a la familia del decano del Tribunal Agroambiental. Asimismo, pidió que las investigaciones se desarrollen con responsabilidad, celeridad y transparencia, en un caso que ahora está bajo la conducción del Ministerio Público.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar si se trata de un hecho aislado o vinculado a otros factores. La institución reiteró que se informará a la población conforme avancen las diligencias y se obtengan resultados concretos en el proceso investigativo.
HIPÓTESIS
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, señaló en conferencia de prensa que una de las principales hipótesis apunta a posibles conflictos relacionados con la función jurisdiccional de la víctima, particularmente en temas vinculados al área agraria.
La autoridad indicó que, de manera inicial, se analiza la posibilidad de que el hecho esté relacionado con decisiones emitidas por el Tribunal Agroambiental en torno a la posesión y aprovechamiento de tierras en el oriente boliviano, lo que abre una línea de investigación sensible dentro del proceso.
Gómez señaló que la hipótesis principal no es excluyente, por lo que la investigación continúa abierta a otras posibles líneas del caso que aún no han sido descartadas. En ese sentido, explicó que el análisis se mantiene en desarrollo conforme se incorporan nuevos elementos y avances periciales.
Asimismo, recalcó que hasta el momento ninguna de las hipótesis planteadas ha sido confirmada de manera oficial, por lo que el esclarecimiento del hecho dependerá del resultado de las pericias técnicas y de la verificación de la información que vaya siendo recabada en el curso de la investigación.
SEGURIDAD PARA MAGISTRADOS
La Policía Boliviana activó un operativo de seguridad para resguardar a 13 magistrados que participaban de una actividad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tras el asesinato de la autoridad. El despliegue se realizó en un contexto de alerta reforzada dentro del sistema judicial.
Gómez, informó que se implementaron “cápsulas de seguridad” para garantizar el traslado de las autoridades judiciales hacia el aeropuerto y su retorno seguro a sus respectivos distritos.
La medida también incluye vigilancia en los lugares donde los magistrados permanecen alojados temporalmente. Según la autoridad policial, se realiza coordinación directa para el resguardo en las residencias mientras se concreta su desplazamiento.
“Se está coordinando el traslado y seguridad en las residencias donde se están quedando”, indicó Gómez. El operativo se complementa con refuerzo policial en zonas fronterizas del departamento cruceño como Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Matías.