Gobierno despliega militares y fuerzas especiales en San Ignacio

El Gobierno activó ayer un operativo conjunto en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Gobernación, después de cuatro asesinatos registrados en el municipio entre el domingo y el lunes. El despliegue incluye militares, unidades especializadas, controles territoriales, patrullajes con drones y personal de inteligencia, mientras las autoridades buscan reforzar la seguridad y enfrentar las estructuras vinculadas al crimen organizado.
El comandante de Infantería Warnes, Walter Passo, informó que las Fuerzas Armadas realizan controles de rutas, áreas y zonas, además de trabajos de reconocimiento y vigilancia, como parte de las operaciones destinadas a apoyar las tareas de la Policía. También explicó que se estableció un perímetro de seguridad y se pidió la colaboración de la población durante el desarrollo de los operativos.
En San Ignacio de Velasco se encuentran desplegados alrededor de 80 efectivos militares. Passo señaló que este contingente será reforzado próximamente con unidades de Fuerzas Especiales y de la Policía Militar, por lo que la presencia militar podría incrementarse en los siguientes días.
El dispositivo incorpora además el uso de drones para realizar labores de reconocimiento y seguimiento en diferentes sectores del municipio. Estos equipos son empleados en coordinación con personal de inteligencia de la Policía, con el propósito de aportar información a las tareas de investigación y fortalecer los controles.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que las unidades especiales permanecerán en San Ignacio durante el tiempo que sea necesario y sin una fecha límite previamente establecida. La decisión también responde al temor generado entre los habitantes por los últimos hechos y a solicitudes planteadas por autoridades subnacionales.
Los asesinatos que antecedieron al despliegue se produjeron en tres ataques distintos. En los cuatro casos registrados en San Ignacio, los agresores ingresaron a viviendas y utilizaron armas de fuego. Los dos primeros hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo, mientras que el último ataque se registró la noche del lunes contra dos jóvenes que se encontraban dentro de un inmueble durante una transmisión en redes sociales.
Parte de ese último hecho quedó registrado en video. De acuerdo con una de las notas sobre el caso, en las imágenes se identificó que los atacantes hablaban portugués. Las investigaciones policiales continúan para establecer la identidad de los responsables y determinar las circunstancias de los ataques.
CONTROL EN FRONTERA
La Policía también decidió ampliar sus operaciones en el departamento. El comandante departamental de Santa Cruz, Edson Fernández, informó que San Ignacio será utilizada como base de operaciones para fortalecer el control territorial, mientras se instalarán puestos de avanzada en Ascensión, Las Petas y San Matías, en distintos puntos de la franja fronteriza.
Fernández señaló además que el refuerzo policial no estará limitado a las zonas fronterizas. La institución prevé fortalecer sus planes de operaciones en la capital cruceña y en otras provincias del departamento, con el objetivo de contar con capacidad de respuesta ante nuevos hechos delictivos.
El jefe policial sostuvo que la violencia en estas zonas no es reciente y atribuyó los últimos episodios a la actuación de facciones que, según indicó, vienen generando hechos violentos. Añadió que su presencia en las áreas afectadas responde a instrucciones superiores y a la necesidad de ofrecer respuestas inmediatas.
El operativo conjunto fue anunciado por el presidente Rodrigo Paz, quien señaló que las Fuerzas Armadas le habían proporcionado un reporte sobre la situación y que se coordinarían acciones con la Policía y la Gobernación de Santa Cruz.
Paz vinculó los hechos con la actividad de organizaciones ilícitas internacionales y dijo que estos grupos buscan operar en países donde exista menor control institucional. El mandatario afirmó que el Estado, junto con autoridades departamentales y otras instituciones, debe enfrentar estas estructuras, una tarea que, según reconoció, implica un alto costo.
Durante su pronunciamiento, el presidente también sostuvo que el fortalecimiento de las instituciones es necesario para enfrentar las actividades ilícitas y aseguró que el Estado mantendrá las acciones contra estas organizaciones. En ese contexto, hizo referencia a los recursos destinados anteriormente a aeronaves y señaló que meses atrás existían más de 250 millones de dólares en aviones estacionados.
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
La respuesta del Gobierno también contempla la posibilidad de recurrir a mecanismos de cooperación internacional. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que, si fuera necesario, Bolivia acudirá a organismos y agencias de seguridad extranjeras, siempre dentro del marco constitucional y soberano.
Gálvez recordó que ya existe cooperación con otros países y mencionó el Plan Frontera Segura con Brasil, destinado a coordinar acciones contra el crimen organizado en la zona fronteriza. Según explicó, el mecanismo se encuentra en proceso de implementación.
El vocero atribuyó parte de la actual situación a cambios producidos dentro de las estructuras criminales después de la captura de 18 personas que calificó como objetivos importantes del narcotráfico. Entre ellas mencionó al uruguayo Sebastián Marset y a un integrante señalado como cabeza del PCC, quien, según Gálvez, tenía una condena de 126 años en Brasil. En su explicación, estas detenciones y expulsiones provocaron un desorden dentro de las organizaciones criminales y posteriormente un incremento de las manifestaciones violentas.
Gálvez indicó que el Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar el estado de excepción, bajo el argumento de que el crimen organizado y el narcotráfico representan una amenaza para la seguridad del país.
Por otra parte, el senador José Manuel Ormachea planteó que el Gobierno recurra al denominado Escudo de las Américas y solicite cooperación de Estados Unidos frente al avance del sicariato y el narcotráfico. Su propuesta se centra principalmente en apoyo de inteligencia y no en el envío de efectivos.
Ormachea detalló que el mecanismo podría utilizar capacidades de inteligencia para enfrentar actividades criminales y advirtió sobre la expansión del sicariato hacia otras regiones del país. Sus declaraciones corresponden a una propuesta política y no a una medida anunciada por el Gobierno.
Mientras continúan las investigaciones por los asesinatos, las fuerzas de seguridad mantienen los controles en San Ignacio de Velasco y otros puntos de Santa Cruz. El despliegue contempla la participación coordinada de militares, unidades policiales especializadas, personal de inteligencia y medios de vigilancia aérea, con el objetivo de reforzar el control territorial y apoyar las investigaciones en curso.