Los problemas que se han presentado en los comicios autonómicos del 22 de marzo evidenciaron distorsiones y vacíos en el régimen electoral boliviano. A diferencia de cuestionamientos sobre el padrón, el conteo de votos o la transparencia, las falencias actuales tienen que ver con el registro y participación de partidos y candidatos, así como con decisiones del ente electoral.
Las irregularidades han sido múltiples: falsificaciones en el registro de militantes no sancionadas, inhabilitación inicial del 80% de candidatos, sustituciones de último momento, papeletas con candidaturas anuladas, denuncias de cobros por postulaciones y retiros sin argumentos consistentes. Esto refleja no solo la degradación de los partidos, sino la ineficacia del sistema y la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar transparencia y legitimidad.
El origen de este escenario es el bloque normativo que rige el sistema electoral. La Ley 026 del Sistema Electoral, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas y la Ley 018 del Órgano Electoral fueron diseñadas para asegurar la permanencia en el poder de un régimen autocrático, aprobadas por parlamentarios con escasa formación y poco compromiso con principios democráticos.
Con sobrecarga ideológica, ambigüedades y vacíos que permiten discrecionalidad, estas leyes resultaron eficaces para controlar las reglas del juego, condicionar a partidos y votantes, eliminar candidaturas opositoras y administrar el proceso sin amenazar la continuidad del poder. Así, sobre representaron mayorías, diluyeron el voto opositor y duplicaron competencias institucionales, institucionalizando la desigualdad bajo apariencia de legalidad democrática.
Pero no bastaba el marco normativo: era necesario controlar la institucionalidad que lo implementa. Para ello, se eligieron vocales obsecuentes que abandonaron su rol de árbitros independientes y pasaron a ser operadores partidarios, ejerciendo control mediante interpretaciones parcializadas, inhabilitaciones, cancelación de partidos, tolerancia al uso de recursos estatales y, en casos extremos, manipulación de resultados.
De este modo, la institucionalidad electoral operó como filtro político para legitimar y reproducir el poder mediante elecciones diseñadas para garantizar resultados previsibles, simulando transparencia y limitando la competencia real. Para consolidar el control, se permitió que el Tribunal Constitucional definiera cuestiones propias del Órgano Electoral, neutralizando su autonomía y generando distorsiones como el “derecho humano” a la reelección indefinida.
Fue necesaria la movilización ciudadana para detener este esquema. Sin embargo, la derrota del MAS no resolvió el problema; más bien evidenció sus efectos: desorden, incertidumbre, pérdida de legitimidad, discrecionalidad y opacidad jurídica.
Está claro que sin una reforma estructural del sistema electoral no se puede garantizar el pleno ejercicio del voto ni la autenticidad de la representación política, y la democracia seguirá siendo frágil. Se requiere un nuevo pacto político que restituya reglas claras, garantice la independencia institucional y redefina el sistema de partidos sobre bases transparentes y equitativas.
Es necesario desideologizar las leyes electorales, construir un modelo de representación sin privilegios ni exclusiones; cambiar el sistema de elección de vocales; transparentar decisiones del TSE; modificar requisitos para candidaturas; sancionar incumplimientos de programas; eliminar la designación presidencial de vocales; reglamentar la creación de partidos; digitalizar la votación; y garantizar la independencia del Órgano Electoral.
El problema ya no es solo normativo ni administrativo, sino político e institucional. Mientras el sistema electoral siga siendo herramienta de control y no garante de la voluntad popular, toda elección estará bajo sospecha. Recuperar la credibilidad implica desmontar esta arquitectura de poder y reconstruirla sobre independencia real, competencia efectiva y reglas equitativas. De lo contrario, la democracia seguirá atrapada en un simulacro donde se vota, pero no se elige.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.