En política, hay palabras que parecen complementarse hasta que dejan de hacerlo. Legalidad y legitimidad son dos de ellas. Durante largos periodos conviven sin fricción visible: lo que es legal es aceptado, y lo que es aceptado encuentra su cauce en la ley. Pero cuando esa coincidencia se rompe, lo que emerge no es una simple diferencia de criterios, sino una fisura que atraviesa al sistema.
La Paz parece estar entrando en ese punto.
El Tribunal Electoral ha cumplido con la norma. Ha seguido procedimientos, ha procesado resultados y ha emitido una declaratoria. Desde el punto de vista jurídico, el proceso está cerrado. La legalidad ha sido satisfecha. Pero la política no termina ahí. Porque lo que la ley ordena no siempre coincide con lo que la sociedad está dispuesta a reconocer.
Ahí comienza el problema.
René Yahuasi no irrumpe como un accidente, sino como un síntoma. Su figura condensa una incomodidad que no necesita traducirse en pruebas para volverse eficaz. Se mueve en un terreno más inestable: el de la percepción, la pertenencia, el reconocimiento. No necesita demostrar que ganó; le basta con instalar la sospecha de que lo ocurrido no debe ser aceptado. Su fuerza no es jurídica. Es corrosiva.
Luis Revilla encarna el reverso. Su eventual victoria descansa en la validez del procedimiento, en la regularidad del proceso, en la consistencia institucional. Es una legitimidad que se sostiene en la forma. Pero cuando la forma deja de ser suficiente, lo que queda es una legalidad expuesta, incapaz de producir adhesión por sí sola.
El conflicto no es técnico. Es estructural. De un lado, una legalidad que ordena. Del otro, una legitimidad que se resiste. Cuando ambas coinciden, el sistema funciona. Cuando se separan, lo que aparece no es solo fricción, sino la posibilidad de una deriva.
Es ahí donde el “y/o” deja de ser una fórmula y se convierte en un dilema.
Legalidad y legitimidad pueden coincidir.
Legalidad o legitimidad pueden enfrentarse.
Y en determinados momentos, la política queda atrapada en ese espacio donde ninguna logra imponerse sin deteriorar a la otra.
El Tribunal Electoral no puede ignorar la ley sin quebrarse, pero tampoco puede imponer aceptación social. Entre ambos planos se abre un proceso en el que las decisiones formales pierden capacidad de ordenar y las reacciones sociales ganan capacidad de desbordar.
Tal vez ahí radique el punto crítico. En que la política deja de administrar diferencias y comienza a acumular tensiones sin un mecanismo claro de resolución. No es el conflicto lo que define el riesgo, sino su forma: difusa, persistente, difícil de contener.
Y es en ese espacio —donde la legalidad no alcanza y la legitimidad no se estabiliza— donde el sistema empieza, lentamente, a perder suelo bajo los pies.
El autor es ex presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.