¿Es el final de los torniquetes fiscales?

La promulgación de las leyes que eliminan el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y restituyen el 100 por ciento del crédito fiscal en la compra de carburantes marca un punto de cambio en la política económica del gobierno de Rodrigo Paz. Tras años de una arquitectura tributaria diseñada para el control rígido, estas medidas aparecen como un intento necesario de devolver liquidez al sector privado y aliviar la estructura de costos de la cadena productiva nacional. En resumen, podrían dinamizar la economía nacional y abrir ciertos mercados.
La eliminación definitiva del ITF, un tributo que nació como “temporal” hace dos décadas y que terminó penalizando la bancarización y el ahorro en moneda extranjera, es un mensaje de confianza hacia el sistema financiero. En un contexto donde la escasez de divisas y la incertidumbre han marcado la agenda, suprimir este gravamen reduce las fricciones en las transacciones cotidianas y desincentiva la informalidad de “colchón”, permitiendo que el capital fluya con mayor libertad hacia actividades generadoras de valor.
Por otra parte, la restitución del 100 por ciento del crédito fiscal por la compra de combustibles corrige una distorsión que, desde 2011, castigaba injustamente al sector transporte y a la industria. Aquella medida, que solo permitía computar el 70 por ciento del valor de la factura para el descargo del IVA, funcionaba como un impuesto oculto que hacía más cara la logística de cada producto que llega a la mesa de los bolivianos. Al devolver este beneficio pleno, el Ejecutivo no solo cumple con una demanda histórica de los sectores productivos, sino que inyecta una dosis de justicia tributaria que debería traducirse en una mayor competitividad para las exportaciones y una contención en los costos de transporte interno.
Sin embargo, el éxito de este “paquete de leyes económicas” anunciado tras el proceso electoral de marzo no depende únicamente de su promulgación. El desafío real reside en la capacidad del Gobierno para acompañar este alivio fiscal con un gobierno abierto que rompa con las prácticas de opacidad del pasado. El anuncio del Decreto Supremo 5600, orientado a eliminar las contrataciones directas, complementa este giro hacia un modelo que pretende ser más abierto.
Habría que recordar, además, que durante años los ahorros en dólares estuvieron retenidos en bancos, lo cual perjudicó enormemente a miles de bolivianos que tenían ahorros en la divisa americana. Ahora, con el camino elegido por el gobierno de Paz, se presenta una oportunidad para ordenar la economía, pero la sociedad civil y el sector empresarial estarán atentos para verificar si este respiro fiscal se convierte en el motor de un crecimiento genuino o si queda simplemente como un alivio momentáneo en una crisis de fondo que aún requiere reformas estructurales y profundas. Otro punto importante es la corrupción, que es otra de las herencias del anterior régimen y que, desde luego, debe ser enfrentada implacablemente.