La burocracia del absurdo en la Caja Petrolera

Es inadmisible que, en pleno 2026, la Caja Petrolera de Salud (CPS) siga operando bajo la lógica del siglo pasado, obligando a personas de la tercera edad que han entregado su vida al trabajo, a un peregrinaje humillante. Resulta un insulto a la dignidad del jubilado activo que, para obtener un simple Certificado de Afiliación, deba contratar un courier o trasladarse desde las provincias hasta las ciudades capitales, enfrentando gastos, fatiga y el desgaste propio de su edad.
El motivo de este “viacrucis administrativo” es un trámite exigido por la Gestora Pública para evitar descuentos en sus rentas. Sin embargo, la verdadera piedra en el zapato no es el requisito en sí, sino la incapacidad tecnológica de una institución que parece haberse quedado congelada en el tiempo.
El siguiente caso es ilustrativo. Un jubilado activo que radica en una capital de provincia del departamento de Potosí, tuvo que contratar el servicio de una empresa de mensajería para que realice el trámite, cuyo costo llegó a 100 bolivianos y tanta es la burocracia en la CPS que después de diez días de iniciado el trámite, pidieron una fotocopia del carnet de identidad o carnet de afiliado, hecho que provocó la presentación tardía del documento requerido por la Gestora Pública, institución que procedió con el descuento de 57 bolivianos. Seguro que hay centenares de jubilados activos a lo largo y ancho del país, quienes tienen que peregrinar con este tipo de trámites.
Mientras el mundo entero vive una revolución digital que permite realizar transacciones bancarias, trámites judiciales y hasta consultas médicas con un solo clic, la CPS se aferra al papel y al sello físico. Bien podría generar dicho documento en formato PDF con firma digital.
Resulta incomprensible que, contando con las herramientas tecnológicas actuales al alcance de las instituciones, esta omisión institucional que comete la CPS no solo contravenga los principios de simplificación administrativa, sino que vulnere la dignidad y la salud de los beneficiarios, exponiéndolos a viajes innecesarios y gastos económicos onerosos.
Esta actitud de la CPS refleja falta de empatía con los jubilados que aún continúan prestando sus servicios en instituciones públicas o privadas, así como una desconexión tecnológica.
No podemos hablar de modernización del Estado ni de justicia social cuando las instituciones de salud se convierten en muros infranqueables para sus propios beneficiarios. La CPS no puede seguir dándole la espalda a la tecnología. La digitalización de este certificado no solo facilitaría la vida de quienes aún trabajan en las provincias, sino que también descongestionaría sus propias oficinas capitalinas.
La tecnología debe estar al servicio de la gente, especialmente de los más vulnerables. Que la Caja Petrolera se ponga a tono con el Siglo XXI no es un pedido de favor, es una exigencia urgente. Basta de burocracia presencial; el respeto al jubilado empieza por respetar su tiempo y su salud.