Desde el histórico 8 de noviembre de 2025, Bolivia respira un aire de alivio que podría ser una momentánea “luna de miel”. La llegada de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia no solo puso fin a dos décadas de hegemonía del MAS, sino que encendió la esperanza de una reconstrucción institucional y el fin de lo que el mismo Paz Pereira llamó un “Estado tranca”. Sin embargo, a medida que el nuevo gobierno supera sus primeros 100 días, surge una advertencia ineludible: la supervivencia de este optimismo depende de qué tan rápido y efectivo sea el desmonte de la maquinaria burocrática heredada.
El mayor riesgo para la gestión de Paz no proviene únicamente de la oposición externa, sino de la propia burocracia. Durante veinte años, el aparato estatal fue moldeado no por la eficiencia, sino por la lealtad de partido. Mantener esas estructuras intactas es sembrar la semilla de futuros casos de corrupción que podrían implosionar la confianza ciudadana. Informes recientes ya señalan que, en entidades clave como el Banco Unión, sectores del círculo anterior aún mantienen cuotas de control. El presidente debe entender que la “limpieza” no es una revancha política, sino un imperativo de salud pública.
Para que la promesa de “unidad y transparencia” hecha en su discurso de posesión sea real, el gobierno debe acelerar la contratación de profesionales capaces y honestos. Bolivia cuenta con una reserva de talento técnico que fue marginado por no portar un carnet partidario; es momento de convocarlos. La modernización del Estado requiere manos expertas que sepan manejar una economía que el propio mandatario describió como “devastada”.
Se debe despolitizar la justicia. Sin órganos de fiscalización independientes, cualquier error del nuevo equipo será amplificado y utilizado para vender el relato de que “todos son iguales”. Debe haber un giro hacia la transparencia radical: no basta con aprobar menos decretos que gestiones anteriores —60 en los primeros 100 días—; la calidad de la ejecución debe ser impecable y debe haber rendición de cuentas en todas las reparticiones del Estado, y eso solo se logra con nuevo personal, calificado y ético. También debe haber renovación en empresas estratégicas. Por ejemplo, YPFB necesita una gerencia técnica para evitar los vergonzosos casos de corrupción y las deficiencias que han empañado a aquellas empresas y afectado el suministro de servicios básicos.
La aprobación del 65% en el eje central, que arrojan las encuestas de 2026, es un capital político envidiable, pero volátil. El ciudadano que votó por el cambio no tolerará ver las mismas prácticas de clientelismo con distintos colores. El gobierno de Paz tiene la oportunidad histórica de demostrar que la honestidad no es un eslogan de campaña, sino el motor de la administración pública. Si no se desmonta la maquinaria masista ahora, el riesgo es que esa misma burocracia termine devorando la esperanza de un país que ya no tiene margen para el error.
La trampa de la inercia: meritocracia o mediocridad
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