Los sistemas de salud en América Latina enfrentan una crisis estructural innegable, marcada por la saturación hospitalaria, los prolongados tiempos de espera y un déficit crónico de atención médica oportuna, mientras las instituciones públicas carecen de personal suficiente para cubrir la demanda, un número considerable de profesionales médicos permanece desempleado o subempleado, esta realidad contrasta con el sostenimiento de presupuestos destinados a las fuerzas armadas, a pesar de que la región vive en una paz interestatal prolongada.
Esta situación plantea una ineficiencia social y un dilema ético: ¿es justificable priorizar estructuras militares en tiempos de paz mientras el sistema de salud colapsa, desperdiciando capital humano altamente cualificado? La paradoja de médicos desempleados frente a hospitales colapsados por falta de plazas disponibles representa un retorno social nulo de la inversión educativa y un fallo estatal en la distribución de sus recursos humanos más valiosos.
El escenario geopolítico regional proporciona una ventana de oportunidad única para este cambio, América Latina goza de una de las tasas más bajas de conflictos a nivel global, un factor que cuestiona la necesidad de mantener fuerzas armadas convencionales. El caso de Costa Rica, que canalizó sus recursos de defensa hacia educación y salud tras abolir su ejército (el 1 de diciembre de 1948, el entonces presidente José Figueres Ferrer abolió el ejército de forma simbólica, dando paso a un cuerpo de policía para la seguridad nacional), es un ejemplo exitoso que demuestra la viabilidad de priorizar el gasto social sin comprometer la estabilidad nacional.
Además, el argumento sobre la necesidad de contar con muchos militares se debilita ante los avances tecnológicos en defensa, la modernización con sistemas de inteligencia artificial, drones autónomos y tecnologías de vigilancia transforma la naturaleza de la disuasión, sugiriendo que la capacidad defensiva efectiva requiere mayor especialización tecnológica y menos personal operativo, mantener una gran cantidad de efectivos militares resulta, en este nuevo panorama estratégico, económicamente ineficiente y potencialmente obsoleto.
Un análisis comparativo del gasto público revela las prioridades distorsionadas. Si bien la defensa suele representar entre el 1% y 3% del PIB, estas cifras representan la potencial reconfiguración de prioridades mediante la redistribución de plazas laborales y presupuestarias. La propuesta no implica un aumento del gasto total, sino una transferencia de ítems militares hacia el sector social, permitiendo incrementar la capacidad operativa de los hospitales sin necesidad de inflar el presupuesto general.
La esencia de la propuesta es, por tanto, reasignar los ítems de las fuerzas armadas hacia roles funcionales en salud pública, esto comprende desde la transferencia directa del personal médico militar existente, hasta la reconversión “refuncionalización” de personal no sanitario en roles de apoyo logístico, administración hospitalaria y gestión de emergencias médicas. Es una estrategia de gestión que aprovecha el capital humano existente en el Estado, priorizando su utilidad social.
La implementación de esta transformación estructural, sin embargo, enfrenta desafíos considerables que deben ser planificados, primero, la reconversión del personal militar requiere programas de capacitación profesional, segundo, existen consideraciones geopolíticas y de seguridad que impiden la desarticulación total, exigiendo preservar capacidades esenciales de las fuerzas armadas, como la respuesta ante desastres naturales y el apoyo a la seguridad interna.
Una transición responsable debe iniciar con una fase diagnóstica que cuantifique las necesidades reales de defensa frente a amenazas concretas y, en paralelo, determine las necesidades específicas del sector salud en términos de personal y presupuesto, el objetivo es identificar el tamaño óptimo de las fuerzas armadas para el contexto de paz actual.
Posteriormente, se debe implementar un plan de reconversión profesional, esto implica que el personal no sanitario a reasignar debe recibir capacitación especializada en áreas como la administración hospitalaria, la logística sanitaria y la gestión de emergencias. Es necesario que el presupuesto liberado se canalice a la creación de ítems para los profesionales de salud actualmente desempleados, maximizando el impacto social.
El presupuesto liberado por la reducción debe financiar la creación de plazas sanitarias y la modernización selectiva de la defensa, manteniendo la capacidad militar mínima centrada en sistemas de inteligencia y ciberseguridad. Esta estrategia permitirá sostener una capacidad disuasiva moderna y ágil, mientras que la mayor parte de los recursos se destina a enfrentar la amenaza pública más inmediata: la crisis de salud.
Los países latinoamericanos enfrentan amenazas más inmediatas y letales en el ámbito de la salud pública (mortalidad evitable, hospitales saturados) que, en el militar, la crisis sanitaria cobra más vidas anualmente que cualquier amenaza bélica potencial, justificando la urgencia y la necesidad ética de esta reasignación de recursos en tiempos de paz.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.