Después de casi un mes de protestas de algunos sectores sociales, encabezados por cuestionados dirigentes de la Central Obrera Boliviana, el gobierno ha accedido abrogar el Decreto Supremo 5503, anunciando la presentación de otro en breve, que mantendrá medidas importantes, como la eliminación de la subvención a gasolina y diésel.
Según la opinión pública, de esta manera queda en entredicho la gobernabilidad actual, ya que han demostrado su fuerza las llamadas “organizaciones sociales” cuando salen a las calles y carreteras. Pero también se ha advertido en estos grupos “sindicalizados”, que carecen de propuestas sólidas para hallar soluciones a los graves problemas heredados de los gobiernos masistas, los cuales han llevado al país al actual estado de crisis en varios campos.
Lo peor es que ambos bandos, de oficialistas y cobistas, no se esmeran al máximo para evitar perjudicar al resto la población, particularmente a quienes tienen que trabajar cada día para ganar su sustento diario y necesitan que sean respetados sus derechos al trabajo y al libre tránsito, entre otros. Por ello resulta indispensable que desde el oficialismo se tome toda previsión antes de emitir medidas que, a pesar de ser indispensables, pueden ser motivo de protestas de ciertos sectores sociales que salen en defensa de lo que “ganaron” con gobiernos pasados.
También llama la atención que estos sectores disconformes, antes partidarios de la aborrecible política masista de “meterle nomás”, ahora se rasgan las vestiduras para pedir respeto a la legalidad. Es decir que ahora aparentan ser “legalistas” y piden respeto a la Constitución Política del Estado, a la cual, empero, durante veinte años los gobiernos masistas muchas veces ultrajaron, sin que surgieran protestas, particularmente desde la COB.
En todo caso, se mantiene la irracional forma de resistencia al gobierno de turno, que es, principalmente, el bloqueo de carreteras, que, en los hechos, perjudica a la mayoría de la población que necesita producir, trasladar sus productos a centros de abasto o hacer viajes hasta por motivos de salud. Es decir que los bloqueos afectan a los más necesitados, a quienes no gozan de cargos públicos ni reciben salarios elevados. Como es obvio, no se cuantifica las enormes pérdidas económicas ni se intenta reparar a los afectados.
Lamentablemente, esa medida de protesta social ha sido estimulada desde 2006, sin pensar en sus consecuencias dañinas. Recordemos que se la aplica hasta por motivos particulares, como cuando Evo Morales Ayma no fue habilitado para las elecciones del 17 de agosto. Por ello los evistas organizaron bloqueos de caminos en varias zonas del país, particularmente en Cochabamba. También así se trató de evitar que Morales respondiera a las acusaciones que pesan sobre él por delitos sexuales cuando era gobernante.
Además, los bloqueadores suelen actuar con la mayor violencia, contra fuerzas del orden, pobladores, personal de salud y periodistas.
Adicionalmente, causan destrozos de consideración en calles y caminos, sin que sus autores sean sancionados como corresponde.