El decreto 5515 no vulnera la CPE

El decreto 5515 que faculta al presidente Rodrigo Paz Pereira a gobernar de manera temporal por medios tecnológicos ha despertado opiniones a favor y también reacciones. Lo cierto es que la Constitución Política del Estado de Bolivia, vigente desde 2009, no está pensada para la realidad virtual y digital que está cada vez más presente en el mundo, sobre todo desde la pandemia de coronavirus que azotó al planeta entre 2019 y 2021.
Según el decreto, el mandatario puede seguir dirigiendo la política desde fuera (coordinando con ministros, promulgando leyes y emitiendo decretos desde el exterior por medio de plataformas digitales). La norma se aprobó hace pocos días, con motivo del próximo viaje de Paz al Foro Económico de Davos, en Suiza. Allegados a Paz dijeron que el decreto busca dar continuidad a la gestión pública y la administración del Estado.
La polémica se desata cuando se compara el decreto mencionado con el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, en el que se establece que, en caso de ausencia temporal del presidente, debe asumir la Presidencia del Estado el vicepresidente, que en este caso es Lara. Desde sectores de oposición o críticos del gobierno se dijo que el decreto altera la sucesión y refleja la profunda crisis política que existe entre Rodrigo Paz y su vicepresidente. Quienes defienden el decreto, por su parte, hacen énfasis en el significado de la palabra “ausencia”, y dicen que ella significa “ausencia del poder”, la cual no se produciría ya que Paz sí dispondría de medios y mecanismos para seguir en el control del Estado, y no estaría por tanto ausente. En conclusión, el decreto no violará la CPE, pues en realidad Paz Pereira no estará ausente del poder, ya que sí podrá tomar decisiones de forma plena.
Cabe decir que esta medida no tiene precedentes en la historia del país debido a que antes no había medios tecnológicos con los cuales se pudiera gobernar un Estado a distancia y también a que la ruptura entre el presidente y el vicepresidente nunca se había dado de manera tan radical y, sobre todo, tan rápidamente.
Las intenciones políticas del decreto son claras: no dejar que Lara tome el control del Estado e impedir que el decreto 5503, que tantas reacciones provocó, pero que es necesario para sanear una economía dejada en crisis por el populismo de izquierdas, sea eliminado. ¿Qué haría Lara como presidente? ¿Podría ser una presidencia interina de Lara el inicio de una crisis social y política más grave que la que ya vive Bolivia? Lo cierto es que, políticamente hablando, sí es necesaria una continuidad administrativa, la cual, por las rencillas y facciones que se han originado en estas primeras semanas del nuevo gobierno, no estaría garantizada con Lara ejerciendo como presidente. Rodrigo Paz debe caminar dando pasos firmes, en el marco de la legalidad, y, si es necesario, no viajar cuando los viajes no sean imprescindibles para el buen gobierno.