Estamos por el segundo año de la pandemia del covid-19 y los efectos de ésta en la economía siguen castigando a la población boliviana. Se estima que por lo menos un 25 % de la población en edad de trabajar perdió su fuente de trabajo; muchos de ellos intentaron abrir su propio negocio, y los que fracasaron quedaron abandonados a su suerte.
La crisis sanitaria provocada por la covid-19 golpeó al continente provocando el cierre de más de 2 millones de empresas formales en América Latina. Esta pandemia ha sumido a la economía boliviana en una profunda recesión que se tradujo en el repunte de la pobreza, el aumento del desempleo y el crecimiento de la informalidad.
La crisis sanitaria desnudó algunas debilidades estructurales, como la poca preparación del sistema de salud, la falta de focalización de los programas de protección social, la insuficiencia de los amortiguadores macroeconómicos y la alta informalidad laboral. Además, se suma la falta de construcción de una agenda económica público-privada, que permita enfrentar esta crisis estructural con una estrategia conjunta.
El Gobierno tiene por delante el desafío de aunar sus esfuerzos con la sociedad civil organizada, no solo para contener nuevas olas de contagio y acelerar la vacunación. Se debe promover una recuperación de la actividad económica y el empleo, que solo será posible con la atracción y protección de las inversiones, fundamental en este momento.
Ante esta realidad debemos considerar con seriedad la reciente sugerencia del presidente del Banco Mundial, David Malpass, contenida en el documento titulado “El desarrollo en tiempos convulsionados”, donde plantea cuatro áreas en las que deben trabajar los gobiernos: lograr la estabilidad económica; aprovechar la revolución digital; buscar un desarrollo más ecológico y sostenible; e invertir en las personas.
No se debe dejar de lado la activa participación del sector privado que, si las condiciones están dadas, está dispuesto a invertir, facilitando de esta forma los recursos necesarios para crear más fuentes de trabajo, que son necesarias para superar los niveles elevados de desempleo.
Según el Ministerio de Planificación, la tasa de desocupación hasta agosto de este 2021 bajó a 6,5 %, cuando hace un año estaba en 10,6 %. La ministra Gabriela Mendoza remarcó que desde diciembre de 2020 hasta agosto de este año fueron creados 353 mil empleos.
Bruno Rojas, investigador del Cedla, señaló en mayo de este año, que según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), existe casi 85 % de informalidad laboral en el país. Este porcentaje de trabajo informal fue en incremento. Antes de la pandemia estaba en aproximadamente 70 %.
Solo los empleos creados por el gobierno y la empresa privada son parte de la economía formal, donde los trabajadores tienen los beneficios de un salario digno, atención médica con un seguro de corto plazo, y el seguro de largo plazo gracias a los aportes a las AFP.
La importancia del sector privado en el desarrollo de la economía se la ve con claridad en la reciente determinación del gobierno de Cuba, cuyo Ministerio de Economía y Planificación aprobó hace pocos días las primeras 31 pequeñas y medianas empresas privadas en más de medio siglo de socialismo y gestión estatal, como parte de las aceleradas reformas económica que aplica el gobierno desde comienzos de este año, en un intento de potenciar su desarrollo.
El Gobierno deberá buscar la estabilidad económica, eliminando gasto público no necesario, mejorando la eficiencia en la prestación de servicios, y reasignando los fondos públicos a usos más productivos. En este empeño lo óptimo sería la generación de acuerdos publico privados que cuenten con el impulso de los empresarios privados para trabajar junto al Gobierno en los temas estratégicos del desarrollo.
Como lo señaló Malpass, la comunidad internacional se comprometió a desacelerar el aumento de los niveles de carbono en la atmósfera y reducir los impactos climáticos en los sectores más vulnerables, buscando fuentes de electricidad más limpias.
La inversión en el capital humano se debe traducir en invertir en salud y educación a largo plazo, que debe reflejarse en proporcionar incentivos a los docentes y los proveedores de atención médica, públicos o privados, de acuerdo con los requerimientos de quienes reciben los servicios.
El Gobierno debe reconocer que no está solo en la lucha por superar los problemas económicos y sociales. Los empresarios como creadores de innovación y crecimiento pueden participar en esta tarea. Solo necesitan seguridad técnica y jurídica con reglas de juego claramente definidas dentro de un sólido estado de derecho. Solo así tendremos más fuentes de trabajo digno y generación de riqueza que beneficie a todos los bolivianos.
El autor es Economista, Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).