Después de lanzar los nuevos precios del diésel, gasolina y del Gas Natural Vehicular (GNV), el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, informó que el Decreto Supremo 5503 contempla varias compensaciones para que los emprendimientos puedan aplicar como en el tema tributario y bonos sociales.
La autoridad lamentó que el tema de la subvención haya promovido una red de corrupción y un negocio familiar.
Hidrocarburos
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, dijo que se analizó toda la cadena de los hidrocarburos para asumir la medida, con ella se da mayores recursos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y reactivar e invertir en el sector, así como en las refinerías.
En primera instancia apuntan a llegar al uso de la capacidad de las refinerías al 90%, ya que actualmente sólo llega al 30% y subir el Producto Interno Bruto (PIB) industrial.
El incremento del valor en toda la cadena y en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), beneficiará a los municipios y universidades, porque sus ingresos se incrementarán, de esta manera avanzará la lógica 50/50 de distribución de los ingresos, de acuerdo con la autoridad.
Precios
Con respecto a los precios de la gasolina en 6,96 bolivianos por litro y el diésel de 9,80 bolivianos, Medinaceli explicó que obedece a que el segundo es más difícil de controlar, debido a que el 95% del consumo se importa.
Mientras que la gasolina, la mitad que se consume se refina en el país, y es más difícil de manejar para los contrabandistas por su volatilidad. “Es la única manera de combatir (el comercio ilegal, con medidas económicas”, sostuvo.
Indicó que lo ilegal significaba un negocio de 1 millón de dólares por día, recursos que venían de los contribuyentes.
Adelantó que para el próximo año el sector privado se encargará de la distribución del diésel, pero también participará YPFB.
Ese contexto, abrirá espacio para trabajar en una nueva Ley de Hidrocarburos, de Electricidad, de Energías Verdes y de Litio.
Gasto
Medinaceli informó que continuar con el sistema de subvención el costo para el 2026 alcanzaría a 3.500 millones de dólares, casi un 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), ahora estos recursos se destinarán a la inversión productiva.
Entretanto, Espinoza dijo que cerca del 30% del subsidio era operado por una red de corrupción institucionalizado, e iban a parar a los bolsillos de privados.
Con referencia a la estructura del consumo, el Ministro de Economía explicó que cerca del 40% terminaba en familias que no requerían la subvención y al final más de esos 3.500 millones de dólares no beneficiaba al que realmente lo necesitaba.
Medidas Sociales
Por su parte, con referencia a las medidas para amortiguar la eliminación de la subvención, Espinoza explicó que las empresas y profesionales podrán descargar cualquier factura para compensar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En el tema social, anunció la aplicación de programas sociales para los más vulnerables, como la Renta Dignidad, de 300 a 500 bolivianos.
El Bono Juancito Pinto también sube de 200 a 300 bolivianos y se realizarán transferencias a personas con alguna discapacidad y los beneficiarios del Bono Juana Azurduy de 150 bolivianos.
Espinoza señaló que el pago de los bonos y el financiamiento del Programa de Protección tendrá un costo entre 2.600 a 2.700 millones de bolivianos, mientras que el gasto en la subvención estaba entre 25.000 a 26.000 millones.
También detalló que se aplicará la aprobación de los trámites automáticamente, si en el plazo de 30 días no tiene ninguna respuesta de los funcionarios.
Además, determinaron congelar la masa salarial del Gobierno. Mientras que los empleados podrán negociar sus salarios entre empleado y empleador; también el costo laboral será deducible para el pago del IVA.
Ajuste
Para el analista económico Fernando Romero, el paquete de medidas constituye un ajuste económico integral, orientado a corregir desequilibrios fiscales estructurales, recuperar la inversión y garantizar sostenibilidad macroeconómica.
“Si bien las medidas presentan beneficios claros en términos de disciplina fiscal, atracción de capitales y reducción de distorsiones, también generan impactos sociales e inflacionarios relevantes en el corto plazo”, apuntó.
Está convencido de que su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementar compensaciones sociales efectivas, control institucional y una comunicación clara que genere confianza ciudadana.
Gradualismo
Romero recomienda que la aplicación de las medidas debería ser bajo un enfoque de gradualismo, con fuerte focalización social, monitoreo permanente de precios y apoyo directo a los sectores más vulnerables. Asimismo, es clave fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la coordinación entre niveles de Gobierno para asegurar que el ajuste económico no derive en mayor pobreza, informalidad o conflictividad social, sino en una transición ordenada hacia un crecimiento sostenible.
Escenario complejo
Enfrentar el gasto público exige decisiones complejas. El ajuste en gasolina y diésel apunta a ordenar una realidad fiscal desafiante y las medidas de protección social buscan equilibrar su impacto, según el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Jean Pierre Antelo publicado en su cuenta @jpierread.
“El salario mínimo anunciado repite esquemas que ya mostraron límites al no surgir de un diálogo tripartito entre trabajadores, sector privado y Estado. Bolivia necesita con la misma urgencia políticas que atraigan divisas, impulsen la producción, fortalezcan la inversión y sostengan el empleo”, añadió.
El paquete va en la dirección correcta (el subsidio era insostenible), pero me hubiese gustado ver que la clase política también cargue con el costo. Hasta ahora no se eliminó ni una sola empresa pública ni se despidieron empleados públicos. El Estado sigue siendo un elefante, manifestó Antonio Saravia.
“Ajustar el precio de los combustibles era inevitable. El Gobierno ha dado un primer paso importante al tomar decisiones que durante años se evitaron. Sin embargo, aumentar salarios en plena recesión, sin un recorte profundo y real del gasto público, y trasladando mayores costos a empresas ya asfixiadas, puede debilitar cualquier intento serio de estabilización”, señala el analista financiero Jaime Dunn.
Cuando el déficit no se corrige, la presión termina recayendo sobre el Banco Central: emisión monetaria e inflación. El salario nominal puede subir por decreto, pero el salario real cae cuando se financia con inflación y cuando el sector privado pierde capacidad de sostener puestos de trabajo, advierte.
“Bolivia necesita avanzar con decisión hacia una reducción más drástica del gasto, disciplina fiscal y menores cargas para quienes generan empleo. Sin ese giro, la crisis no se resuelve: se posterga, se encarece y se profundiza. Seamos pacientes, también exigentes. Esperemos ver qué más viene”, reflexionó.
CNI
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reconoce que las medidas adoptadas responden a la necesidad de evitar una crisis económica mayor y la paralización del aparato productivo. No obstante, su efectividad y sostenibilidad dependen de un trabajo conjunto y coordinado con el sector productivo formal, pilar del empleo y del desarrollo del país.
(…) considera indispensable la inmediata apertura de un espacio técnico de diálogo, orientado a la construcción de un Plan de Crecimiento y Desarrollo que complemente las medidas vigentes, buscando evitar efectos no deseados como el debilitamiento del empleo formal y el aumento de la informalidad, en un contexto ya afectado por el contrabando y la falsificación.
Federación
La Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp) valora toda iniciativa orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la producción nacional y enfrentar el complejo contexto económico que atraviesa el país. No obstante, considera fundamental que las medidas adoptadas sean analizadas de manera integral, técnica y consensuada, tomando en cuenta su impacto real sobre la actividad productiva, la inversión privada, el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas formales, en especial de las micro, pequeñas y medianas.
Preocupa que el incremento salarial anunciado no haya sido consensuado en un diálogo tripartito entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, más aún al ser comunicado en estas fechas de fin de año. Esta medida solo recae a los empresarios formales, generando una mayor inflación, mayor costo para las empresas y riesgo de incremento de empleo informal.
CAO
El campo boliviano conoce de esfuerzos y sacrificios. Sabe que no existen soluciones fáciles ni resultados sostenibles sin decisiones firmes. Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno son necesarias para sincerar la economía, corregir distorsiones acumuladas y sentar las bases para una recuperación real y sostenible.
Para atenuar el impacto, el sector espera que se concreten de manera urgente medidas complementarias: respeto a la seguridad jurídica y la propiedad privada, abastecimiento de carburantes, uso de transgénicos, levantamiento de franjas de precios y cupos para el comercio interno, arancel cero y verificación de la FES a 10 año.
Choferes
Ante la amenaza de los choferes y la decisión unilateral de subir el pasaje, las autoridades nacionales indicaron que se aplica arancel cero para la importación de insumos y repuestos para vehículos, por lo que el aumento no debe ser arbitrario.