Si bien la entrega de bonos sociales ayuda a amortiguar la crisis económica que deriva de políticas gubernamentales, como la eliminación de subsidios a los combustibles, la ayuda no se focaliza en los más necesitados. Urge manejar los datos y analizarlos, así como cruzar información para que la focalización sea más cercana a la realidad.
Desde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se implementó bonos, pero la aplicación, por ejemplo, de la Renta Dignidad para las personas mayores empezó en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada con el Bonosol, a lo largo de los años se crearon el Juancito Pinto, Juana Azurduy y ahora el PEPE.
Para el economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, los bonos son buenos dentro del “modelo de mercado”, que apoya a la gente vulnerable que no ha sido favorecido por éste; sin embargo, el Estado no focaliza bien el apoyo.
Mientras el analista económico Fernando Romero sostiene que los bonos son útiles como alivio inmediato, pero insuficientes como solución permanente.
“Por ejemplo, el PEPE II entregará 750 bolivianos por beneficiario en pagos bimestrales y alcanzará a más de 2,9 millones de personas; además, el Juancito Pinto subirá de 200 a 300 bolivianos por estudiante. El problema es que estos montos compensan parcialmente el aumento del costo de vida, pero no recuperan de manera sostenida el ingreso real perdido por inflación, combustible y menor actividad económica”, explica Romero.
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea que la consolidación fiscal debe estar acompañada de mayor focalización y eficiencia de la protección social, no simplemente de más transferencias. Por tanto, los bonos son necesarios durante el ajuste, deben ser temporales, focalizados y complementados con empleo e ingresos productivos, agrega.
Profundizar
Para Bernal, el Gobierno debe trabajar sobre los indicadores y profundizar la información, en base a la encuesta de hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE); o también podría aplicar una encuesta de panel, que podría enfocar las variaciones del ingreso en los hogares, para efectivizar el apoyo a las familias vulnerables.
Varios estudios señalan que, a raíz del aumento de la inflación, la aplicación de un régimen cambiario flexible y sumado a la eliminación de la subvención a los carburantes, la pobreza y la extrema aumentaron considerablemente.
Bernal lamenta que el Ejecutivo no tome en serio el análisis profundo de los datos del INE, que son técnicos, para llegar a las personas más necesitadas, más vulnerables, que no tiene participación en el modelo de mercado.
La gente en las calles vende lo que puede y sobrevive con 20 a 30 bolivianos, al parecer estos no reciben ningún apoyo del Estado debido a que no se encuentran en los grupos determinados que reciben los bonos. La población de la clase media también lamenta que a ellos no les llegue la ayuda económica.
El entrevistado sostiene que el Gobierno ya debería haber trabajado en el tema, identificar a los más vulnerables y focalizar mejor el apoyo económico; mediante softwares avanzados, con el cual puede cruzar información de los que reciben el bono.
Bernal explica que en base a los indicadores técnicos que tiene el INE, se puede identificar a las personas que están en la línea de la pobreza y extrema pobreza, y hacer los cálculos percápitas para determinar el costo de la canasta familiar de alimentación.
La información la maneja el INE y tiene la misión viabilizar la optimización de la entrega de bonos, e incluso evitar que una persona o familia reciba más de lo que necesita.
Además, reiteró su propuesta de que el salario mínimo nacional debe cubrir el costo de una canasta básica y para ello, el INE tiene la información del dato de la línea de la pobreza.
Clase media
Respecto a la clase media, Romero detalla que este necesita una red de protección basada en ingresos y vulnerabilidad, no solamente en pertenecer a un grupo social específico.
“Una familia que antes era de ingresos medios puede quedar rápidamente vulnerable cuando aumentan los precios de combustible, alimentos, transporte, alquileres o cuotas de crédito, aunque formalmente no califique para un bono. La respuesta debería incluir créditos tributarios o devoluciones según ingreso y número de dependientes, alivio temporal de transporte y servicios esenciales, reprogramación responsable de créditos, acceso a capacitación y empleo, y apoyo a pequeñas actividades productivas”, indicó.
Asegura que el objetivo no debe ser entregar un bono universal, sino crear un mecanismo de protección para hogares que caen temporalmente por debajo de un determinado nivel de ingreso real. Así se evita que la clase media tenga que esperar hasta caer en pobreza para recibir ayuda.
Ante la pregunta de cómo hacer más efectivo los bonos y evitar duplicidades, Romero sostuvo que la solución pasa por construir un Registro Social Único de Hogares, actualizado y basado en el ingreso, patrimonio, composición familiar, empleo y nivel de vulnerabilidad.
“Actualmente, por ejemplo, el PEPE está diseñado para que una familia reciba un solo PEPE, aunque dentro del hogar existan personas que reciben varios bonos, precisamente para evitar duplicar esta transferencia extraordinaria. Sin embargo, no necesariamente debe eliminarse toda acumulación: Juancito Pinto tiene objetivo educativo y Juana Azurduy tiene objetivo materno-infantil, por lo que pueden coexistir cuando cumplen funciones diferentes. Lo importante es identificar qué hogar recibe cuánto, por qué concepto y durante cuánto tiempo, establecer límites para transferencias extraordinarias y evaluar resultados. El bono debe dejar de ser solamente un pago y convertirse en una política medible de reducción de pobreza y protección del ingreso”, explica.
Beneficiarios
De acuerdo con la información que se maneja en los medios de comunicación, el número de beneficiados con los diferentes bonos creados, alcanza a casi 7 millones de personas, entre niños, madres y personas adultas.
El Bono Juancito Pinto llegará a los niños en edad escolar y a estudiantes de secundaria, que en la presente gestión subió de 200 a 300 bolivianos; mientras que el Juana Azurduy alcanza a 1.820 bolivianos, la Renta Dignidad oscila entre 350 a 500 bolivianos mensuales, incluido el PEPE.
El Bono PEPE en su primera versión entregó 450 bolivianos en tres pagos, ahora el PEPE II subirá a 750 bolivianos y con la misma modalidad de entrega del primero.
El financiamiento a los bonos que se entregan a familias necesitadas supera, aproximadamente, los 7.000 millones de bolivianos y la cifra puede subir con los incrementos que realiza el gobierno para el Bono Juancito Pinto y PEPE.
La aplicación de políticas impopulares derivará en la creación de mecanismos de protección social, debido a la delicada situación económica en la que se encuentra el país, que ingresó a una crisis energética.
