La mayoría de los bolivianos opinaron a favor de la ampliación del estado de excepción, debido a que les permite realizar sus actividades económicas, tanto a empresarios y microempresarios. El informe de Ipsos Ciesmori sobre el tema muestra que La Paz lidera el apoyo, pero El Alto va todo lo contrario. Las pérdidas por los bloqueos alcanzaron, sólo en La Paz, más de 500 millones de dólares, y a nivel nacional superó los 3.500 millones.
El informe Ampliación del Estado de Excepción recoge los resultados de una encuesta online realizada en las cuatro ciudades del Eje Troncal, desarrollada entre el 18 y el 28 de septiembre de 2026. El estudio revela que el apoyo mayoritario a la ampliación de la medida convive con cuestionamientos sobre sus resultados, la eficacia del Gobierno y la información disponible para la ciudadanía.
Respaldo mayoritario, pero no homogéneo
La ampliación del Estado de Excepción por otros 90 días cuenta con el respaldo del 53% de los entrevistados, mientras el 40% está en desacuerdo y el 7% no sabe. El apoyo es mayor en La Paz, con 62%, y Cochabamba, con 57%; en cambio, El Alto es la única ciudad donde el desacuerdo, con 52%, supera al respaldo, que alcanza el 45%.
Información insuficiente sobre las medidas
El respaldo a la ampliación convive con un importante déficit de información. El 58% se considera poco o nada informado sobre las restricciones, prohibiciones y derechos vigentes durante el Estado de Excepción, frente al 39% que afirma estar muy o bastante informado.
Resultados y gestión bajo cuestionamiento
La evaluación de los primeros 90 días es principalmente neutral, siendo que, el 44% considera que los resultados no han sido ni buenos ni malos. Las valoraciones negativas, con 26%, superan ligeramente a las positivas, con 24%, mientras el 6% no conoce los resultados.
La percepción es más crítica al evaluar la capacidad del Gobierno para atender el origen de la conflictividad. El 39% considera que no está solucionando ninguna de las causas que provocaron los bloqueos y conflictos sociales de mayo y junio, y el 27% cree que está resolviendo muy pocas.
Esa mirada crítica también alcanza la aplicación de las medidas, ya que el 57% considera que el Gobierno ha sido poco o nada eficaz para hacer cumplir las restricciones y prohibiciones de la medida excepcional, mientras el 33% lo califica como muy o algo eficaz y el 10% no sabe.
En conjunto, el estudio muestra un respaldo condicionado; la mayoría acepta la continuidad del Estado de Excepción, pero ese apoyo no se traduce en una evaluación favorable de su implementación. La ciudadanía diferencia entre la conveniencia de mantener la medida y el desempeño del Gobierno, en un contexto marcado por información insuficiente, resultados que todavía no generan una valoración claramente positiva y una percepción extendida de que las causas de los conflictos no están siendo resueltas.
Perdidas y oportunidades
Los conflictos sociales provocaron pérdidas económicas para todo el país, pero el departamento de La Paz fue el más afectado, ya que las protestas se centraron en la región, que provocaron el cierre de negocios, pérdidas de empleos y una señal negativa a la comunidad internacional.
Por ello la encuesta no sólo muestra el respaldo, sino la viabilidad que otorga el Estado de Excepción, ya que no permite bloqueos y deja las carreteras expeditas para que los negocios y la actividad económica se lleven rutinariamente.
Además, las amenazas de los sectores sociales afines al evismo de iniciar un octubre negro para obligar al presidente Rodrigo Paz a renunciar, pusieron las alertas en los sectores económicos y en la población, ya que en junio y mayo todos perdieron, excepto los que provocaron los bloqueos.