Durante los recién pasados veinte años, la política colonial y feudal de los gobiernos del MAS se caracterizó por destruir, deliberadamente, la ganadería del Altiplano y de los valles de Bolivia. El objetivo de esa política era el derrumbe de la economía del país, relegar a los campesinos aymaras y “matar de hambre” a las poblaciones urbanas.
Esa política ha sido contraria a la que el régimen masista, particularmente durante el gobierno de Evo Morales Ayma, aplicó en las regiones orientales y que sirvió para enriquecer a la oligarquía ganadera y agraria y culminó cuando la del altiplano quedó totalmente anulada. Es decir, mientras la producción oriental recibió grandes apoyos financieros y políticos, determinando su gran enriquecimiento.
En esa forma, al ser aniquilada la ganadería del altiplano y la de los valles y no menos la agricultura, Bolivia perdió su soberanía alimentaria y empezó a vivir de la importación de alimentos por el mismo Estado y empresas privadas, así como por el contrabando gigantesco. En efecto, la ciudadanía boliviana dejó de alimentarse con la producción de occidente y solo se dedicó a la producción de granos, también en menor escala, favoreciendo, en esa forma, a un grupo de ganaderos y agroindustriales del oriente y discriminando a los de las otras dos grandes regiones.
En ese sentido, la situación actual es catastrófica. Con anterioridad, la zona alta del país tenía su propia producción de carne y al presente ya no conoce productos cárnicos del lugar, sino que éstos aparecen ocasionalmente. Entretanto, la producción de carne de res, pollo y huevos proviene principalmente de Santa Cruz y en menor cantidad de Cochabamba. Por tales factores, el régimen alimentario de occidente ha variado abruptamente y su población padece de desnutrición.
Ese rápido diagnóstico de lo que sucede ahora en la ganadería, también el agro, de nuestro país es posiblemente conocido por las autoridades de turno, pero no es suficiente la información estadística, sino conocer el origen de ese estado de cosas, por la urgencia de hallar solución para dicho problema. Es decir, fomentar la ganadería de altura y dejar atrás políticas que solamente favorecen a ciertos grupos, como sucedió con el gobierno evista, en particular. Obviamente, la cuestión hoy está en manos del presidente Rodrigo Paz y las reparticiones encargadas de tierras, agricultura y ganadería, que deben encarar el asunto en forma prioritaria, porque de ello depende la alimentación del pueblo y la tranquilidad social, si se quiere evitar el surgimiento nuevamente de marchas, huelgas, bloqueos de carreteras, etc. Y, además, los mismos ataques sectoriales que desestabilizan el orden político establecido.