La estanflación es un fenómeno económico caracterizado por la combinación de recesión económica y una elevada inflación. Actualmente, percibimos que la economía de Bolivia muestra las características para determinar que nos enfrentamos a un periodo estanflacionario.
Según el INE, la tasa de inflación acumulada de Bolivia a agosto superó el 18%, sobrepasando en 140% la proyección del Gobierno, que en el Presupuesto 2025 aseguraba una tasa de inflación anual del 7,5%. Además, se estima que el PIB de este año tenga un crecimiento menor al 1.5%, lo que demuestra que nuestra economía se encuentra en una etapa de alta inflación y bajo crecimiento.
La elevada emisión monetaria para financiar un déficit fiscal de casi el 12% del PIB, y la devaluación de facto son otros síntomas de la crisis económica, que día a día se agrava y demandará medidas heroicas para lograr estabilización.
Ya a fines del año pasado, los economistas y empresarios anunciamos que el país estaba cerca de la estanflación. La falta de dólares en el sistema financiero nacional, así como el difícil abastecimiento de combustible ralentizaron la producción de empresas e industrias, mientras que los precios de los productos nacionales e importados crecían de manera constante.
En este escenario, el sector productivo pedía al gobierno normalizar la provisión de carburantes para garantizar la siembra y la cosecha, para mantener y, en lo posible, aumentar la producción y oferta de productos al mercado nacional.
La preocupación es de todos los empresarios: Óscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, recordó que todos los sectores productivos del país están siendo golpeados por la crisis, particularmente por la falta de diésel.
Para Justiniano, “las pérdidas son graves, el país necesita que cualquier Gobierno de turno trabaje por la estabilidad del país y no de su gestión y eso trasciende gestiones. Las políticas del Estado son claves y llevamos muchos años sin esas políticas”.
Entre las causas de la estanflación podemos mencionar un crónico déficit fiscal sumado a problemas de liquidez y escasez de divisas. Asimismo, el declive en la producción petrolera y los ingresos que generaba este sector clave para la economía, contribuyeron al estancamiento económico.
También debemos mencionar el estancamiento de la inversión pública, considerando que entre enero y junio de este año solo se ejecutó el 22,9% de lo programado. Otra de las causas de este fenómeno económico es la reducción de la inversión privada, ya que a través de los años no se instrumentaron políticas de incentivos ni se abrieron los mercados internacionales.
En el ámbito cotidiano, los ciudadanos experimentan de manera directa el impacto de una subida generalizada de los precios de bienes y servicios básicos, lo que se traduce en una consecuente pérdida de su poder adquisitivo. Esta situación se manifiesta en una disminución significativa en la capacidad de las personas para adquirir los bienes y servicios esenciales que requieren para satisfacer sus necesidades fundamentales, lo que a su vez puede afectar negativamente su calidad de vida y bienestar general.
En este escenario de incertidumbre económica, es coherente que las empresas posterguen sus inversiones y los ciudadanos disminuyan su consumo. Por lo tanto, para mitigar nuestra crisis económica y evitar que Bolivia llegue al borde de un posible default, se necesita un ajuste fiscal.
Se tendrá que considerar el cierre de algunos ministerios e instrumentar acciones que nos permitan acudir al FMI, para obtener financiamiento externo que permita estabilizar la economía y promover el crecimiento sostenible.
En los últimos días, se aprobó el DS 5.461, que autorizó el incremento salarial del 5% para los trabajadores de siete empresas públicas, medida que podría comprometer la sostenibilidad fiscal de las mismas. Por eso, debido a las políticas públicas instrumentadas, se estima necesaria la modificación del Código Laboral, Código Tributario y leyes referidas a minería, hidrocarburos, entre otros, para garantizar la seguridad jurídica y la libertad empresarial al sector privado nacional e internacional.
El sector privado exhorta a las autoridades a instrumentar reformas estructurales para abordar las causas subyacentes de la inflación tales como el ajuste del gasto público y una adecuada reasignación de recursos y políticas adicionales importantes que permitan el desarrollo y progreso de Bolivia.
El autor es economista, Académico de Número de la ABCE y Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).