Bolivia cerca de la lista gris del GAFI

Bolivia cerca de ingresar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ante la falta de normativa para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La semana pasada, un medio internacional, informó que Bolivia estaría observada por el GAFI, debido a que no cumplió con algunos requisitos normativos.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaran que el GAFI no emitió ningún pronunciamiento sobre Bolivia en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
“Ante algunos trascendidos en relación a que Bolivia ingresaría a las listas grises del GAFI, nosotros tenemos que señalar que el Grupo de Acción Financiera Internacional aún no se ha reunido, no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento en relación al estatus que tiene Bolivia sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Eso lo hará las siguientes semanas de este mes”, explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
El ministro de Economía advirtió que la falta de leyes que incorporen las técnicas especiales de investigación contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y otras leyes necesarias es responsabilidad de quienes se opusieron a su aprobación.
Desde la oposición y el sector empresarial, se pronunciaron en rechazar la propuesta gubernamental porque no fue consensuada con todos los actores económicos y políticos.
El Gobierno nacional informó que Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional tras la evaluación mutua de 2021. Aún no hay un pronunciamiento oficial sobre una eventual inclusión del país en la “lista gris” de este organismo, el Ejecutivo responsabilizó a la oposición si esto ocurriera.
El ministro precisó que el Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus competencias, adoptó medidas concretas para fortalecer el sistema nacional contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, persisten tareas pendientes, entre las más importantes está la aprobación, de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación, recomendadas por este organismo internacional y otras normas con rango de ley que son necesarias.
El GAFI, al que se han adherido 187 países en el mundo, es el organismo intergubernamental que lidera la lucha global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que promueve el cumplimiento de estándares internacionales para prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad.
Según los estándares del GAFI, las técnicas especiales de investigación son una herramienta clave para la lucha contra el lavado de activos y deben estar expresamente contempladas en una norma con rango de ley.
La “lista gris” es un registro público de países que, según el GAFI, presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros. Estos países son considerados “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”.
Rechazo político
Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo N°1386, fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto de 2021.
No obstante, la norma fue abrogada en noviembre de ese mismo año, tras movilizaciones promovidas por sectores sociales que observaron que la misma no fue consensuada y que iba afectar las actividades económicas del sector informal, que podía ser utilizada de forma discrecional y que coartaba la libertad económica.
El Ejecutivo planteó dos proyectos de ley en septiembre de 2021 y febrero de 2023 (PL218 y PL 280) con la finalidad de fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el marco de los estándares internacionales. Sin embargo, el tratamiento fue paralizado en la ALP por la oposición.
Cumplimiento
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, explicó que el país ingresó a la IV Ronda de Evaluaciones mutuas del organismo intergubernamental en noviembre de 2022. “En enero de 2024, el Gafi publicó el informe de evaluación mutua, con 60 acciones recomendadas. Más del 90% ya han sido solventadas mediante un trabajo interinstitucional”, detalló.
Sin embargo, precisó que la ausencia de una ley sobre técnicas especiales de investigación sigue siendo el principal punto pendiente.
Troche explicó que, si Bolivia fuera incluida en la lista gris, el país estaría bajo mayor vigilancia del Gafi. “Vigilará que el país apruebe esta normativa en rango de ley. El resto de las recomendaciones han sido cumplidas con avances significativos”, afirmó.
Bolivia ya fue incluida en la lista gris en 2011 y logró salir en 2013 gracias a la implementación de un plan de acción integral. Montenegro recordó que el país se adhirió a este grupo en 2001, durante el Gobierno de Jorge Quiroga; sin embargo, ni esta ni las sucesivas administraciones gubernamentales, hasta 2006, tomaron ninguna acción ni recomendación emanada por el organismo.
“El próximo periodo legislativo deberá asumir esta tarea. La ley debe aprobarse, no hay alternativa”, sostuvo Montenegro. Añadió que, a diferencia de otros países que avanzan lentamente en estas reformas, Bolivia ha demostrado voluntad política y técnica para cumplir con los estándares del GAFI, pese a las limitaciones impuestas el accionar del órgano legislativo.
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Foto EL DIARIO