Ante los recientes bloqueos registrados en los últimos días que afectan distintas regiones del país, la Cámara Nacional de Industrias (CNI), a través de su presidente Gonzalo Morales, hace un llamado urgente a la racionalidad y al sentido de responsabilidad nacional, exhortando a los actores involucrados a cesar con estas medidas de presión que agravan la delicada situación económica que atraviesa Bolivia.
La CNI señaló que la afectación económica a la industria por 4 días de bloqueos en cinco departamentos del país, superan los 24 millones de dólares y que estas acciones obstaculizan seriamente la distribución de productos industriales finales a las familias bolivianas, como también la provisión de materia prima e insumos y la asistencia de trabajadores a sus fuentes laborales. A la fecha son cinco departamentos afectados (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí), con más de 20 puntos de corte de vía.
“La afectación económica a la industria del departamento de La Paz, bordea los 12 millones de dólares en cuatro días. Otros de los departamentos más afectados son: Cochabamba y Santa Cruz. Las rutas del eje central se vienen paralizando. Más de 600 mil trabajadores industriales y 40 mil industrias en Bolivia son afectadas para producir y distribuir productos a la mesa de las familias bolivianas”, indicó el presidente de la CNI, Gonzalo Morales.
Desde el sector industrial se subrayó que no es momento de paralizar al país, sino de trabajar unidos por la reactivación productiva, la estabilidad y el empleo, toda vez que los bloqueos no solo interrumpen el flujo de mercancías y materias primas, sino que perjudican directamente a miles de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a la ciudadanía en general.
Asimismo, rompen la cadena de suministros local e internacional, además incrementan los costos de transporte y logística para empresas del país, reduciendo la competitividad de la producción nacional e impactan negativamente sobre las exportaciones e importaciones.
Los bloqueos en Bolivia generan serio daño a la imagen y reputación internacional. “El país necesita producir, no detenerse. En momentos de crisis económica, los bloqueos no son una solución, sino un agravante”, añadió el presidente de la CNI.
En 2023, la CNI presentó un proyecto de ley que modifique el Código Penal tipificando los bloqueos que atenten contra la seguridad y funcionamiento de servicios públicos o que obstruyan vías públicas que atenten contra la vida y salud de la población, con penas de hasta 8 años.
En ese sentido, la CNI reiteró su compromiso con el desarrollo del país y con el diálogo como la única vía legítima para canalizar demandas, evitando medidas de presión que afectan la economía, la institucionalidad y el bienestar de todos los bolivianos.
Cainco
Por otra parte, desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) sostienen que la crisis que atraviesa Bolivia es la expresión de una pérdida de rumbo profundo, donde la inacción, la fragmentación del poder y el cálculo político están por encima del bien común. El país vive bloqueado física y simbólicamente, mientras los derechos de millones de ciudadanos son vulnerados con absoluta impunidad.
“Desde la Cainco manifestamos nuestra profunda preocupación ante una situación que amenaza la economía, la seguridad alimentaria, la siembra de invierno y, sobre todo, el proceso democrático en curso”.
Los bloqueos afectan el tránsito de alimentos, combustible, insumos agrícolas y medicinas. Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí son los departamentos más golpeados, la interrupción en rutas están provocando pérdidas millonarias y una creciente sensación de incertidumbre en la ciudadanía.
De nada sirve, después de 100 días de burocracia sin sentido liberar las exportaciones de carne si no hay cómo transportarlas. De nada sirve hablar de recuperación si el país no puede garantizar condiciones mínimas para producir, circular o abastecerse. No se puede permitir que decisiones motivadas por intereses particulares pongan en jaque la estabilidad económica y social de Bolivia, lamentan.
La situación actual no es un conflicto aislado. Es una crisis nacional que exige respuestas del Estado, no vocería que deslinde responsabilidades ni postergaciones de acciones claves que apunten a la estabilidad y éstas, no pueden depender del avance o retroceso de grupos que anteponen sus ambiciones al bien común, critican.
Cainco reitera que Bolivia necesita institucionalidad, estabilidad y responsabilidad del Estado para que la población pueda ejercer libremente todos sus derechos, establecidos en la Constitución Política del Estado.