Incremento en costo de hidrocarburos se refleja en aumento del valor de alimentos

Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar la subvención puede ser necesaria para corregir una distorsión fiscal y energética muy costosa, especialmente cuando Bolivia importa cerca del 90% del diésel. Pero el éxito no dependerá solamente de subir el precio de Bs 9,80 a Bs 17,95 (nivel internacional). Dependerá de que el Gobierno transforme el ahorro en reservas, abastecimiento real y sostenible de combustibles, inversión productiva y protección social. El mayor riesgo apunta a la inflación, que se puede reflejar en un incremento de precios de los alimentos, de acuerdo con el análisis del economista Fernando Romero.
La cifra de 55 millones de dólares semanales en subvención de combustibles es enorme y con la eliminación de la subvención del diésel no debe interpretarse automáticamente como ahorro fiscal neto, recuerda.
El mayor riesgo es que ese ajuste que busca bajar el déficit fiscal y garantizar la provisión de combustibles, genere en el corto plazo una fuerte presión de costos y precios (mayor inflación) sobre alimentos, transporte y otros, afectando negativamente al empleo e ingreso real, produciendo mayor recesión, informalidad y pobreza.
Por eso, la clave económica es eliminar la distorsión sin trasladar todo el costo del ajuste a las familias de menores ingresos, sugiere.
Según el análisis de Romero, la medida provocará una inflación de costos, por lo que producir y comercializar bienes y servicios será más caro, lo cual luego recaerá en los consumidores finales en mayores precios, afectando su capacidad adquisitiva, es decir el salario real se contraerá.
Esa situación empuja a una menor actividad económica en el corto plazo. Los sectores intensivos en diésel tendrán que absorber el aumento o trasladarlo al consumidor, reduciendo márgenes, producción o demanda. La recesión se podría profundizar.
Mientras tanto, el Estado dejaría de financiar una parte importante de la diferencia entre el costo internacional y el precio interno, liberando recursos fiscales y divisas. El ahorro potencial anual sería cercano a 2.000 millones de dólares; aunque la eliminación no es total ya que hay un 10% de diésel que se producen en el país. Además, un precio de mercado reduce incentivos al contrabando y al desvío a actividades ilícitas.
Entretanto, las empresas enfrentarían inicialmente un shock de costos, especialmente el transporte, la agroindustria, minería, construcción, logística y manufactura. Una subida de Bs 9,80 hacia un precio cercano a Bs 18 implicaría aumentos de aproximadamente 83% respecto al precio actual, aunque el precio internacional efectivo será variable.
Las empresas tendrán que trasladar parte del incremento a precios, reducir márgenes o mejorar productividad. A mediano plazo, desaparece una distorsión importante y se generan incentivos para eficiencia energética, inversión y sustitución tecnológica, enfatizó Romero.
Para los hogares, el impacto principal sería indirecto pero amplio: mayores costos de transporte, alimentos, distribución y servicios. Las familias de menores ingresos serían proporcionalmente las más afectadas porque destinan una mayor parte de sus ingresos a bienes esenciales.
Por ello, eliminar la subvención sin compensación focalizada podría generar una caída significativa del salario real o de su poder adquisitivo por efectos inflacionarios. El propio programa respaldado por el FMI contempla fortalecer las redes de protección social, precisamente para amortiguar estos efectos, detalló.
Mercado cambiario
En el corto plazo, eliminar la subvención puede generar presión cambiaria indirecta porque la eliminación de la subvención de combustibles eleva las expectativas de inflación y la demanda precautoria de dólares. Además, YPFB seguirá necesitando divisas para importar diésel, por lo que el problema estructural de escasez de dólares no desaparece. Es muy probable que el tipo de cambio oficial y paralelo denote un incremento en su cotización, la cual actualmente está en los Bs 11 (oficial).
En el mediano plazo, el efecto podría ser favorable si el ahorro fiscal realmente disminuye el déficit y reduce la necesidad de financiamiento monetario. También disminuiría la presión sobre las reservas asociada a vender combustible barato cuando su costo de importación es elevado.
En otras palabras: menos subsidio – menor déficit – menor necesidad de financiamiento – menor presión sobre reservas – potencialmente menor presión cambiaria, sostiene.
Esto solo ocurrirá si existe disciplina fiscal y las divisas ahorradas permanecen disponibles para fortalecer las reservas.
Medidas
Romero explica tres medidas para atenuar los efectos negativos: crear transferencias directas para hogares de bajos ingresos, priorizando alimentación y transporte, antes o simultáneamente con la eliminación total; aplicar mecanismos transitorios y transparentes para transporte público, producción de alimentos y pequeños productores, evitando mantener indefinidamente el subsidio. La ayuda debería estar condicionada a eficiencia, formalización y límites de consumo, con reducción gradual conforme se estabilice el mercado; y, una parte importante del ahorro debería destinarse a reconstruir reservas internacionales, financiar inversión en refinación y almacenamiento, mejorar infraestructura logística y reducir deuda, mientras otra parte financia protección social.
Factura
“Gobierno de Paz le pasa factura de la guerra entre Irán y Estados Unidos al consumidor boliviano”, acuerdo a la opinión del analista económico Gonzalo Chávez, publicado en sus redes sociales.
“Uno de los argumentos del Gobierno para eliminar completamente la subvención al diésel es contundente: si desaparece la brecha entre el precio boliviano y el de los países vecinos, desaparece también buena parte del incentivo económico al contrabando. Correcto”, destaca.
El arbitraje necesita diferencias de precios para hacer su negocio y, si se las elimina, se le corta una fuente importante de rentabilidad. Pero de ahí a diseñar toda la política energética alrededor del contrabandista hay una distancia enorme. El precio de la energía no puede fijarse simplemente para impedir el arbitraje: también afecta producción, transporte, alimentos, inflación, competitividad, ingreso real y distribución, recuerda.
“Y aquí aparece un asunto fundamental: el diésel no se queda en el tanque del camión; termina en el precio de la comida. Está en el tractor que prepara la tierra, en la maquinaria que cosecha, en el camión que recoge la producción, en el transporte que atraviesa cientos de kilómetros y en la distribución que finalmente lleva papa, arroz, carne, verduras o fruta hasta el mercado”, alerta.
Cuando aumenta el diésel, el shock recorre toda esa cadena. Una parte puede absorberla el productor o el transportista durante algún tiempo, pero otra termina inevitablemente en el consumidor. Por esto un salto fuerte del combustible puede convertirse en inflación alimentaria, y la inflación de alimentos tiene una característica particularmente antipática: castiga proporcionalmente más a los hogares pobres, porque destinan una mayor parte de sus ingresos precisamente a comer, detalla.
Contrabando
El contrabando debe combatirse también con inteligencia, tecnología, trazabilidad, control administrativo, coordinación aduanera y sanciones efectivas. Se pasaron 10 meses y sin hacer nada en YPFB, por ejemplo, lamenta.
PIE DE FOTO
Estación de servicio sin combustibles. Foto Cortesía