A septiembre del presente año, las regalías mineras del país alcanzaron los 2.905 millones de bolivianos, lo que significa un incremento del 103% respecto al mismo período de 2025, de acuerdo con el Ministerio de Minería y Metalurgia.
“En el ámbito económico, las regalías mineras alcanzaron los 2.905 millones de bolivianos a septiembre de 2026, un incremento del 103% respecto al mismo período de 2025. Esto representa 1.475 millones de bolivianos adicionales”, destacó el Ministerio.
En tanto, el titular de esa cartera de Estado, Marco Antonio Calderón, apuntó que cuando el Gobierno asumió la conducción de este ministerio, encontró un sector que enfrentaba importantes desafíos.
“Para comprender las decisiones que tomamos durante este primer año, es necesario explicar cinco aspectos de esa realidad”, indicó.
Primero, se encontró debilidades en el control y la fiscalización de la actividad minera. La minería ilegal, el contrabando de oro, la intermediación ilícita, el robo de mineral conocido como juqueo y los avasallamientos de áreas mineras evidenciaban la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el territorio, señaló la autoridad.
Segundo, se encontró empresas estatales con serias dificultades operativas y económicas. Un de ellas es Epcoro, la cual fue entregada paralizada con una pérdida histórica cercana a los 400 millones de bolivianos.
Además, las plantas de Vinto, Carachipampa y Capuratas enfrentaban paradas no programadas y necesidades de mantenimiento. Esta situación exigía evaluar las operaciones, transparentar la información y recuperar las capacidades productivas del sector estatal.
“Tercero, encontramos debilidades institucionales y procedimientos que requerían una profunda revisión. Cuarto, encontramos desafíos pendientes en transparencia y gestión ambiental. Al mismo tiempo, cientos de cooperativas enfrentaban desafíos de adecuación ambiental y los pasivos mineros se acumulaban en nuestras cuencas sin una metodología suficiente para evaluarlos”, explicó.
Asimismo, dijo que, como quinto aspecto, se encontró un marco normativo que necesitaba actualizarse y un país que debía fortalecer su posicionamiento minero internacional.
“La Ley 535 requería una revisión para responder a las nuevas necesidades del sector. Bolivia también necesita recuperar presencia en espacios internacionales donde se analizan oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo tecnológico”, subrayó.
“Frente a esa realidad, comprendimos que el primer paso debía ser ordenar la casa, fortalecer la institucionalidad y actuar con transparencia. No se trataba de ocultar las debilidades, sino de reconocerlas y asumir la responsabilidad de trabajar sobre ellas. Este fue el punto de partida de nuestra gestión”, detalló.
Oposición
Algunos sectores en Potosí, así como la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia rechazaron el nuevo código que ingreso en fase de socialización. Aunque autoridades de Minería indicaron que se tomaron en cuenta la propuesta de esta entidad, los dirigentes señalan todo lo contrario.
Ayer, la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) descartó aprobar la propuesta del Ejecutivo.
Días atrás, el ministro sostuvo que se concluyó la elaboración, pero dejó abierta las sugerencias, la propuesta esta colgada en la página web de la institución para que sea revisada y recibir sugerencias.