La destacada periodista Amalia Pando, en uno de sus últimos programas de radio en la red ERBOL, dijo qué en el barrio de Sopocachi, calle… número… hay una oficina gubernamental en la que trabajan… mencionó varios nombres, (memoricé el de Raúl García Linera, hermano del entonces vicepresidente del Estado). Y prosiguió la periodista: ¿a qué se dedican?, a espiar y escudriñar cualquier declaración, pronunciamiento o acto crítico al gobierno e instruir a las instituciones del aparato de gobierno y administrativo en general, se tomen medidas represivas contra los involucrados, para lo cual elaboraban una suerte de “listas negras”.
Esa nómina de ciudadanos que por sus ideas merecían ser sancionados, era enviada a todas las oficinas públicas, juzgados, fiscalía, impuestos nacionales, aduana etc., en las que, si aparecía el nombre del enlistado, se procedía, en consecuencia, a perjudicarle. Esta modalidad represiva inspirada en las políticas represivas de los gobiernos dictatoriales, en especial de corte socialista, como Cuba, tenía o tiene la finalidad de controlar toda conducta anti régimen.
Precisamente un colega que escribe artículos de opinión en medios escritos, tenía un asunto en Impuestos Nacionales (antes internos), donde había hecho un convenio de pagos a cuenta de una deuda tributaria y cumplía los plazos convenidos. Este convenio se estableció, con un funcionario de la oficina de Fiscalización, a quien le encomendó la entonces gerente de la Distrital II de La Paz. De pronto recibe una citación con una nota de cargo por una elevada suma, se apersona a las oficinas, y le dicen que el tal funcionario no tenía atribuciones para hacer ese convenio (al empleado lo llevaron a El Alto) y el obligado (víctima) tuvo que vender algunos bienes, pues la deuda al fisco subió de poco más de 30.000 a más 100.000 bolivianos.
El obligado pagó la totalidad del monto señalado por la oficina de impuestos, no tomaron en cuenta sus pagos a cuenta, el descuento del 25% por pago al contado del monto fijado en la nota de cargo, le congelaron sus cuentas a él y a su esposa. Pagado en exceso el cargo tributario, le extendieron las respectivas “resoluciones determinativas de pago”. Extrañamente luego de un tiempo, nuevamente es notificado con otra nota o vista de cargo por una suma millonaria, elaborada sobre el mismo hecho generador de la obligación tributaria, ya extinguida por el pago, pero que seguramente por la instrucción de la lista negra, desde el año 2014 sigue cual “espada de Damocles” sobre la cabeza del obligado.
El ciudadano-víctima acudió a la Autoridad de Impugnación Tributaria, instancia que en conocimiento de los pagos efectuados que liquidaron la obligación, en vez de fallar dejando sin efecto la nueva pretensión de impuestos, falló anulando obrados por un incumplimiento procedimental, pues la oficina de impuestos no respondió a una nota, etc. La represión fue desatada contra el ciudadano, con medidas atentatorias a sus derechos económicos, vulnerando disposiciones no solo del Código Tributario, sino de normas de Derecho Civil, como la extinción de toda obligación por pago. También acudió a la Defensoría del Pueblo, pero siempre sin resultado alguno.
Este caso que relatamos, es uno, seguramente entre muchos que se han dado y se dan en nuestra sociedad, sometida a políticas represivas, por motivaciones político-ideológicas. En los regímenes de corte autoritario, todo el aparato administrativo del Estado, es convertido en un mecanismo de represión y vigilancia política, con el agravante de que la instancia que debería salir en defensa de la ley contra el abuso de poder, el Órgano Judicial es, por el contrario, uno de los mecanismos represivos al servicio del poder político, lo que implica una total indefensión del ciudadano frente a los excesos del poder.
Una de las tareas del próximo gobierno, es la de “reinstitucionalizar” el aparato administrativo del Estado, para que su funcionamiento, ajustado a derecho, esté al servicio de los ciudadanos y no para perseguir, exaccionar y reprimirles, por motivos políticos o de recaudación de dinero, cuando el fin del Estado, de acuerdo a la filosofía política, es el “bien común de los habitantes”, garantizándoles todos sus derechos.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.