Según el régimen del Estado Plurinacional (antes Bolivia), se combate a la discriminación social y el racismo, pero, en verdad, por el contrario, el gobierno actual practica abiertamente esos males e inclusive ha llegado, en ese sentido, al racismo. Sin embargo, predica que da cumplimiento estricto a lo establecido en la Constitución Política y normas en vigencia. En especial, la pomposamente designada “Ley contra la discriminación y toda forma de discriminación”.
Pese a esa declaración oficialista, difundida mediante varios medios de comunicación en numerosas oportunidades, por funcionarios del aparato estatal, la discriminación gubernamental no es solo extrema, sino también vergonzosa. Es decir, a pesar del contenido de la Constitución Política del Estado Plurinacional, leyes, decretos, otras disposiciones legales, no son aplicados correctamente por funcionarios de justicia, fuerzas del orden, burócratas insensibles y satisfechos, que no saben lo que hacen. Esa ley, dictada en octubre de 2010 y promulgada por el presidente Evo Morales y sus ministros, en su primer artículo dice: “La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para prevención y solución de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución y tratados internacionales… etc.”. Tiene buenas intenciones tal declaración, pero ha quedado solo en palabras.
Se suma a ese texto el contenido del Artículo 2, que en su inciso b) expresa: “Igualdad. Todos los seres human nacen libres e iguales osen dignidad y derecho… tiene el objetivo de lograr equidad y justicia social…, etc.”. Dicha ley define la discriminación de esta manera: “Art. 4.- Se considera como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, se funda en razón de sexo, clase, educación…”, y otros.
También en el Artículo 5 incluye incisos sobre la discriminación racial, racismo, raza, etc. A la par, en la Reglamentación se establece sanciones según la gravedad del hecho, que infractores serán sancionados con multas, etc.
Efectivamente, esas disposiciones forman un castillo, pero construido en el al aire, pues quien precisamente no las cumple es el gobierno del Estado Plurinacional. Es decir que, para empezar, no se aplica lo que dicta la Constitución Política vigente. En efecto, por ejemplo, se prohíbe vender sus tierras a los campesinos parcelarios, pero se permite que lo hagan los grandes hacendados. Se obliga a los primeros a empobrecerse y a los segundos a enriquecerse.
Esa discriminación económica es precisamente el mayor acto de discriminación que se produce en el país y no son los ciudadanos de a pie quienes cometen ese delito, sino el mismo gobierno que dictó la Constitución Política. Y tiene responsabilidad en el caso la alta jerarquía pública, desde el presidente del Estado.
La forma de discriminación establecida por la Carta Magna de Evo Morales y continuada por el gobierno actual, no solo implica discriminación, sino también racismo y sigue siendo aplicada por el gobierno de Luis Arce y sus ministros.