Corrupción y burocracia, problemas sin remedio

Es un pedido permanente de la población terminar con la corrupción pública y, además, reducir la burocracia ineficiente. Más ahora que se pregona que hay un “proceso de cambio”, que debió empezar cuando el MAS llegó al poder en el año 2006, especialmente combatiendo la corrupción. Sin embargo, por desconocimiento de las leyes que existen al respecto, por falta de voluntad política o por indiferencia maliciosa, poco se hizo para anular esos males.
La burocracia ha crecido de manera desmesurada desde hace alrededor de quince años con los gobiernos masistas, según la opinión pública por el afán de captar votos para permanecer indefinidamente en el poder. Por ende, también la corrupción se expandió a diversos niveles, empezando por la “venta de cargos” a quienes querían trabajar con el gobierno y ni qué decir con los casos, por ejemplo, de entidades como Fondioc, y haciendo inversiones en empresas estatales que al final resultaron deficitarias o inútiles, como edificaciones por doquier, sin planificación, y otros emprendimientos que resultaron inefectivos por ineficiencia y corrupción.
Por ello no bastan discursos en sentido de hacer cambios para acabar con los males que se achaca a gobiernos del pasado, sino son acompañadas tales intenciones con acciones contra quienes delinquen y, de verdad, “caiga quien caiga”. Inicialmente, habría que reducir el número de entidades públicas y empresas estatales que solo provocan pérdidas económicas, muchas de las cuales solo fueron creadas para satisfacer intereses político-partidistas y atender a sectores sociales afines al oficialismo, que exigían la otorgación de empleos con jugosos ingresos.
Muchísimo habría que revisar de lo hecho desde hace más o menos quince años y ahora, cuando ha llegado la época de las vacas flacas, es urgente aplicar medidas efectivas para llevar adelante una gestión con miras a una verdadera recuperación económica.
Un factor que ha dado lugar al aumento exagerado de la burocracia es la designación “a dedo” –por parte del gobernante de turno–, de funcionarios, en varios casos para cargos de enorme responsabilidad, sin considerar condiciones de idoneidad, profesionalismo y experiencia. Se olvida, al respecto, que, al margen de cualquier código de ética, hay normas claras –como la Ley 1.178– que establecen requisitos para el trabajo en la administración pública.
Hoy, por una burocracia legislativa no se ha dado curso a la declaratoria de desastre nacional por los voraces incendios en varias regiones del país, lo que impide contar con una vigorosa ayuda internacional. Tampoco se puede iniciar la revisión inmediata de las llamadas “leyes incendiarias” que permiten los chaqueos indiscriminados y la incursión minera en áreas protegidas.
Se podría combatir eficazmente contra la corrupción y la excesiva burocracia si son tomadas en cuenta las normas que regulan el trabajo en la administración del Estado. Solo así se podrá decir que realmente hay un “proceso de cambio” y para bien de todo el país.