Creo que el 50/50 puede transformar nuestra organización estatal, pero perderá sentido si termina reducido a negociar porcentajes. Mi preocupación no es únicamente cuánto recibirán las gobernaciones, sino quién decide, qué responsabilidades se financian y cómo esa distribución mejorará la vida de las personas.
Considero insuficiente presentar el 1% de coparticipación para las gobernaciones como respuesta al desequilibrio autonómico, aunque la propuesta contemple otras fuentes de ingresos. No encuentro una justificación de su suficiencia sin costear competencias y descontar las obligaciones que absorberían esos recursos. Tampoco confundiría descentralización con mayor recaudación, puesto que ocho municipios concentren el 71% de la recaudación tributaria municipal de 2024 muestra por qué necesitamos compensaciones, no soluciones uniformes.
Parto de una premisa constitucional clara, pues las entidades territoriales autónomas no están subordinadas entre sí y tienen igual rango constitucional, conforme al artículo 276 de la Constitución Política del Estado. Entiendo, además, que administrar recursos y ejercer facultades propias, como reconoce su artículo 272, exige capacidad efectiva de decisión, no convertirse en financiadoras de prioridades ajenas.
Por eso, el órgano Ejecutivo lejos de imponer, tiene la obligación de concertar. La disposición transitoria décima séptima, parágrafos I y II, de la Ley N° 031 encarga al Servicio Estatal de Autonomías y a los ministerios correspondientes preparar la propuesta técnica de coparticipación y presentarla al Consejo Nacional de Autonomías para desarrollar la concertación nacional y regional.
Mi objeción en cuanto a la coparticipación surge si se pretende tramitar como pacto fiscal una reforma impuesta desde el Nivel Central del Estado que eluda ese procedimiento. La coordinación es una obligación ineludible según el artículo 120 de la Ley N° 031, y los acuerdos del Consejo deben adoptarse por consenso, conforme a su artículo 124.II. No aceptaría que una facultad de emitir decretos se utilice para vaciar esas garantías.
Propongo recuperar al Consejo como espacio de concertación, con participación municipal, departamental, regional e indígena. Impulsaría tres tareas simultáneas: acordar el régimen económico-financiero, precisar competencias y corregir restricciones normativas, y fortalecer capacidades de gestión. Les pondría plazos, productos verificables y seguimiento público para no repetir un diálogo interminable.
También exigiría definir sobre qué recursos se calcula el 50/50 y cuánto quedaría disponible después de financiar las responsabilidades. Incorporaría pobreza, dispersión territorial, presión urbana y capacidad fiscal, sin premiar la ineficiencia ni castigar a los territorios pobres. No atribuiría todo al centralismo pues exigiría también mejor legislación autonómica, recaudación responsable y resultados.
Defiendo una coparticipación que forme parte de la reforma, no que la reemplace. Para mí, el verdadero 50/50 empieza compartiendo decisiones: repartir más dinero sin desmontar la subordinación administrativa y el aparato centralista dejaría intacto el problema.
El autor es Abogado – Máster en Derecho Constitucional.