Bolivia se desangra en un lodazal institucional, donde la justicia y el crimen organizado ya no guardan las formas. La velocidad con la que estallan los escándalos en el país solo es superada por la impunidad con la que se resuelven. Los últimos acontecimientos del bullado caso que involucra al consultor argentino Fernando Cerimedo, la abogada Nadia Beller y la sorpresiva intermediación del vicepresidente Edmand Lara configuran una trama escabrosa. Esta red de filtraciones de audios, intentos de feminicidio y acusaciones de narcotráfico exponen las cloacas del poder político.
La reciente y apresurada salida de Beller rumbo a México con un salvoconducto oficial confirma el colapso del sistema. Mientras la defensa de Cerimedo la acusa de fugar para no declarar y la vincula con redes del narcotráfico, el Gobierno facilita su salida. Este hecho deja flotando la sospecha de un pacto de silencio destinado a proteger los secretos de la Casa Grande del Pueblo.
Esta degradación moral de la administración pública adquiere dimensiones delictivas cuando se analiza de forma conjunta con el siniestro “Caso Maletas”. Las demoledoras declaraciones del exvocal y expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, dinamitan cualquier rastro de credibilidad en el Órgano Judicial. Al declararse culpable de organización criminal en un juicio abreviado, Quezada confesó lo impensable. Reveló que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo —hoy prófugo de la ley— era el verdadero dueño del cargamento de 32 maletas con marihuana líquida traídas en un jet privado desde California.
Lo más grave es que Quezada identificó al propio exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, como el supervisor directo encargado de facilitar el retiro y encubrimiento de la droga.
Que los máximos administradores de la ley en Bolivia operen como los cabecillas de un cártel de narcotráfico no es una anomalía; es la consecuencia lógica de un sistema podrido desde la raíz. En el país, la justicia no se imparte, se comercializa en los despachos judiciales. La simultaneidad de los casos Cerimedo, Mariaca, Saucedo y Quezada demuestra que los límites entre el Estado formal y las mafias transnacionales se han borrado por completo. Mientras los operadores políticos se enredan en peleas mediáticas de baja estofa, la cúpula judicial utiliza las instituciones de la República para lavar activos y dar cobertura logística a cargamentos ilícitos. Es matemáticamente imposible que un país salga adelante cuando sus ciudadanos deben temer más a sus fiscales y jueces que a los delincuentes comunes.
Bolivia asiste al entierro definitivo de su seguridad jurídica en medio de una absoluta indiferencia estatal. La descomposición que exponen estas autoridades es el reflejo de un narco-Estado corporativo, donde los cargos públicos son comprados para garantizar la impunidad de las mafias. Si la sociedad civil boliviana continúa tolerando pasivamente que los protectores de la ley sean sus principales verdugos y traficantes, el país terminará consolidándose como un territorio sin ley. Es urgente desmantelar este andamiaje de corrupción generalizada, porque la soberanía nacional no se la defiende con discursos populistas falsos, sino limpiando las instituciones de las mafias que las gobiernan.
El negocio de la impunidad en Bolivia
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