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Santa Cruz

Reiteran exigencia de una mayor participación en recursos públicos

La demanda de una redistribución de los recursos públicos que permita a las regiones alcanzar una participación del 15% hasta 2031, frente al 1% ofrecido inicialmente por el Gobierno nacional, concentra la posición de los gobernadores, quienes consideran insuficiente la propuesta y plantean profundizar gradualmente el modelo 50/50, informó el vocero de la Gobernación de Santa Cruz, Rolando Schrupp.
El planteamiento contempla una estrategia de presión institucional mediante acciones legislativas, coordinación con organizaciones de la sociedad civil y unidad entre los departamentos. En ese marco, Schrupp mencionó el acercamiento con el Comité pro Santa Cruz para sumar respaldo a una demanda que, según afirmó, involucra al conjunto de las regiones del país. No obstante, señaló que existe disposición para mantener el diálogo con el nivel central y avanzar en una modificación del esquema de distribución de recursos.
En el balance de los primeros seis meses de gestión del gobernador, Juan Pablo Velasco, el vocero indicó que se aplicaron medidas de austeridad y optimización administrativa que permitieron reducir en un 30% el personal de la Gobernación. Añadió que la administración departamental trabaja con recursos limitados y busca articular iniciativas con el sector privado, entre ellas proyectos relacionados con el desarrollo del talento deportivo.
Por otra parte, informó que el proyecto de ley de la Guardia Departamental, remitido por el Órgano Ejecutivo durante la suplencia en la Gobernación, permanece en revisión en las comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental. Una vez concluido ese procedimiento, será remitido al pleno para su debate y tratamiento.
Respecto al conflicto del sector salud, Schrupp señaló que la Gobernación mantiene abiertos los canales de diálogo con los sectores movilizados. Explicó que parte de la controversia por el pago de bonos responde a interpretaciones sobre las obligaciones institucionales, debido a que la normativa vigente establece que esos desembolsos corresponden al nivel central del Estado.
Asimismo, planteó avanzar en una propuesta de rectoría departamental para ordenar el sistema sanitario y mejorar su funcionamiento, mientras sostuvo que las medidas de presión deben ajustarse a los mecanismos legales para evitar perjuicios a la población.
En cuanto a la situación de la justicia boliviana, el vocero expresó su preocupación por la salida del país de Romer Saucedo y consideró que los cambios realizados hasta ahora no representan una transformación estructural del sistema.
En ese sentido, propone una reforma constitucional y modificaciones integrales a los códigos civiles y penales, además de cambios en el sistema penitenciario, con el propósito de garantizar la independencia judicial frente a los poderes políticos y económicos. (Santa Cruz, agencias)

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