Reestructurar la Fiscalía

Por la acusación de vínculos con el narcotráfico y delitos de corrupción, hecha por el Departamento de Estado de EEUU de Norteamérica, contra el Fiscal General del Estado, (así como fiscales departamentales, fiscales superiores y fiscales de materia), que originó su detención preventiva, quienes por la Ley 260 componen el Ministerio Público y representan a la sociedad; exigen la reestructuración de la Fiscalía, como solución para limpiar su imagen manchada de corrupción.
Reestructurar significa modificar o dar una nueva organización, forma o estructura a algo, según la Real Academia Española (RAE). En consecuencia, atañe a la estructura y organización de dicha institución, y al trabajo de los fiscales. Para modificar su estructura, es necesario y urgente suprimir a los fiscales departamentales y fiscales superiores, porque el trabajo que realizan no beneficia a la sociedad ni a la justicia, además lo hacen los fiscales de materia. Hay que hacer desaparecer a los fiscales analistas porque en ninguna ley están previstos, pero observan y rechazan denuncias y querellas ilegalmente.
Se debe eliminar el “Régimen disciplinario” legislado en los Arts. 114 al 132 de su Ley Orgánica, porque todos somos iguales ante la ley. En cuanto al trabajo de los fiscales designados ilegalmente, consiste en: exigir dinero para aprehender o no aprender a los denunciados, pedir o no pedir la detención preventivamente, investigar o dejar de investigar, hacer aparecer y desaparecer indicios y pruebas, extorsionar para imputar o no imputar, acusar y no acusar, apelar o no apelar. Es decir, para no cumplir o cumplir con su finalidad, funciones y atribuciones. Añadiendo que las denuncias contra los fiscales, por cometer delitos en el ejercicio de sus funciones, son rechazadas por sus amigos fiscales.
Resulta claro que la sociedad está mal representada. Se ve que las designaciones ilegales tienen la finalidad de favorecer a los delincuentes y al crimen organizado, porque sus actos resultan ser nulos por imperio del Art. 122 de la Constitución Política que dice: son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley; ¿Es encubrimiento disimulado?
Todos los operativos y actos de los fiscales deben ser grabados por la cámara de ellos, para probar los delitos investigados. El incumplimiento de sus funciones y atribuciones, y las aprehensiones ilegales, deben ser sancionados con la aprehensión inmediata, destitución y pena de 10 años de privación de libertad.
Para reestructurar, es necesario modificar la Ley del Ministerio Público antes de designar al nuevo Fiscal General, con la participación de exfiscales que renunciaron o fueron destituidos por no aceptar las manipulaciones de sus superiores y los políticos, y por ello saben cómo trabajaron y trabajan los fiscales. El simple cambio de fiscales, no constituye reestructuración.