El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un nuevo recurso de conflicto de competencia que busca trasladar a la jurisdicción indígena originaria campesina el proceso judicial por el caso Las Londras, según informó la defensa de los periodistas afectados.
La abogada de los periodistas, Raquel Guerrero, informó que el martes 27 de octubre fue notificada con la nueva acción, promovida por Fernando Mita Trujillo y Reynaldo Alvarado Flores, quienes se identificaron como jueces naturales de la jurisdicción indígena originaria campesina y acudieron al TCP para solicitar que esa instancia conozca la causa.
Según la jurista, los acusados Martín Tejerina Villalobos, Nicolás Ramírez Taboada y Sixto Canaza ya habían impulsado anteriormente un recurso de esta naturaleza. La defensa considera que estas acciones buscan retrasar el proceso y dificultar que se establezcan responsabilidades por los hechos investigados.
El caso se remonta al 28 de octubre de 2021, cuando 17 personas, entre ellas periodistas, policías y civiles, fueron emboscadas por un grupo armado en el predio Las Londras, ubicado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. Las víctimas fueron retenidas contra su voluntad y sometidas a agresiones, amenazas y actos de tortura.
Desde entonces, el proceso judicial ha enfrentado reiteradas dificultades y postergaciones. Uno de los principales obstáculos fue la controversia sobre la jurisdicción competente para juzgar a los acusados, que ocasionó la suspensión del juicio oral en 2025. Aunque posteriormente se dispuso su continuidad en la justicia ordinaria, la causa ha seguido enfrentando problemas para avanzar hacia una sentencia.
La presentación del nuevo recurso genera incertidumbre sobre la continuidad del juicio, debido a que nuevamente se plantea que el caso sea tratado fuera de la jurisdicción ordinaria. La defensa de los periodistas cuestiona esta situación y advierte sobre el riesgo de nuevas demoras.
A cinco años del ataque, las víctimas continúan sin obtener una sentencia por los hechos denunciados, mientras persiste la controversia judicial que, según su representación legal, obstaculiza el esclarecimiento de las responsabilidades penales. (Santa Cruz, agencias)