Bolivia se ubicó entre los cinco países de América Latina y el Caribe con mayor interferencia de la industria tabacalera en las políticas públicas, al obtener 76 puntos en el Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2025, que advierte sobre la influencia de los intereses comerciales en las decisiones gubernamentales relacionadas con el control del consumo de tabaco.
El informe, elaborado bajo la coordinación de Corporate Accountability y el Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC), evalúa las estrategias utilizadas por las empresas del sector para influir en las decisiones estatales, así como las medidas adoptadas por los gobiernos para prevenir conflictos de interés y garantizar la transparencia institucional.
La evaluación, que comprende información del periodo 2023-2025, identifica mecanismos de presión relacionados con la participación empresarial en la formulación de normas, las actividades de responsabilidad social corporativa, los beneficios concedidos al sector y las relaciones entre representantes de las compañías y autoridades públicas.
Durante la presentación virtual de los resultados, la directora regional de la Fundación Bolivia Saludable (FBS), Karina Garrón, advirtió que la posición del país evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de las decisiones gubernamentales frente a posibles presiones económicas.
Bolivia cuenta con la Ley 1280 de Prevención y Control al Consumo de los Productos de Tabaco, promulgada en febrero de 2020, que establece medidas para proteger a la población de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del tabaquismo y de la exposición al humo.
Sin embargo, Garrón señaló que la existencia de disposiciones legales no garantiza por sí sola su cumplimiento, por lo que consideró necesario fortalecer la fiscalización y evitar que los intereses empresariales retrasen, condicionen o debiliten las acciones de prevención.
En ese contexto, recordó que las obligaciones del Estado también están vinculadas con el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, que contempla disposiciones orientadas a proteger las políticas sanitarias de la influencia de la industria.
Por su parte, el coordinador de Jóvenes y Desarrollo Tecnológico de la FBS, Erick Ovando, planteó que los resultados sean considerados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, las gobernaciones, los municipios y las instituciones responsables de formular y ejecutar medidas de salud pública.
El representante sostuvo que las autoridades deben identificar posibles conflictos de interés y establecer controles que impidan la intervención indebida de empresas tabacaleras en la elaboración de disposiciones destinadas a reducir el consumo de estos productos.
Entre las prácticas observadas en el sector figuran argumentos empresariales relacionados con la innovación tecnológica, la reducción de daños, la generación de empleo, el crecimiento económico y la sostenibilidad, que pueden utilizarse para influir en las decisiones regulatorias.
El informe también plantea preocupación por la expansión de los cigarrillos electrónicos, dispositivos de administración de nicotina y otros productos emergentes, cuya comercialización representa nuevos desafíos para las instituciones encargadas de prevenir el inicio del consumo y la dependencia, particularmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Ante este escenario, los representantes de la sociedad civil señalaron la importancia de que las decisiones estatales se fundamenten en evidencia científica y criterios sanitarios, con procedimientos transparentes que permitan conocer las relaciones entre funcionarios públicos y representantes de la industria.
Los resultados del estudio constituyen un elemento de evaluación para futuras políticas de control del tabaco en Bolivia, especialmente en materia de cumplimiento normativo, prevención de conflictos de interés y fortalecimiento de la capacidad institucional para limitar la interferencia empresarial.