Comunidades chiquitanas declaran sus territorios libres de extractivismo

Las comunidades indígenas de la Chiquitania declararon sus territorios libres de extractivismo agroindustrial y minero ante la crisis hídrica que afecta a esta región de Santa Cruz, agravada por la deforestación, los incendios forestales y la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas.
La decisión fue asumida durante el encuentro “Por el derecho al agua, al territorio y a un medio ambiente sano”, mediante un voto resolutivo firmado el sábado 24 de octubre, en el que las organizaciones exigieron al Gobierno frenar la deforestación y suspender nuevas autorizaciones para actividades extractivas.
El documento demanda al Órgano Ejecutivo, al Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y a los gobiernos subnacionales detener la dotación de tierras, la concesión de derechos mineros y las autorizaciones de desmontes en territorios chiquitanos.
La Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas (Ormich), la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (Acisarv), la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó (Ccich-t) y otras organizaciones denunciaron que el avance agroindustrial, los avasallamientos y los incendios forestales registrados en 2019 y 2024, durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, respectivamente, provocaron graves daños ambientales y contribuyeron a la escasez de agua.
El encuentro contó con el apoyo de Probioma, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Fundación Proceso y la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), cuyos representantes y especialistas analizaron las presiones que enfrentan los recursos naturales de la región.
El consultor externo del Cedib, Rafael Rojas, informó que la población bovina aumentó de 4,6 millones a 11,1 millones de cabezas de ganado, mientras que Santa Cruz concentra cerca de cinco millones, principalmente en áreas de pastoreo de la Chiquitania, frente a los 3,4 millones registrados en Beni.
El especialista advirtió que la expansión ganadera incrementa la demanda de agua dulce y genera una competencia directa con las poblaciones locales, además de contribuir a las emisiones contaminantes y a la pérdida de cobertura forestal.
Por su parte, la hidrogeóloga de la Universidad Católica Boliviana, Mónica Guzmán, señaló que las cenizas acumuladas después de los incendios forman capas superficiales que dificultan la infiltración del agua de lluvia, lo que reduce la recarga de los acuíferos. Añadió que algunas reservas subterráneas presentan salinidad debido a las características geológicas del Precámbrico.
La especialista alertó que los incendios representan una amenaza persistente para la seguridad hídrica de San José de Chiquitos y otras poblaciones, debido al deterioro progresivo de las condiciones naturales que permiten almacenar agua en el subsuelo.
A su turno, la directora de Probioma, Sara Crespo, destacó la importancia ambiental de la Chiquitania por su ubicación entre la Amazonía y el Chaco, además de su relación con las cuencas del Amazonas y del Plata. Atribuyó gran parte de la degradación de sus ecosistemas al cambio de uso del suelo forestal hacia actividades agrícolas y ganaderas, orientadas actualmente también a mercados internacionales, como China.
Ante esta situación, las organizaciones indígenas exigieron proteger nacientes, cabeceras de cuenca, humedales, zonas de recarga hídrica y servidumbres ecológicas, además de impulsar la restauración de bosques, corredores ecológicos y hábitats de fauna silvestre.
También solicitaron evaluar los efectos acumulados de los desmontes e incendios, establecer mecanismos de monitoreo comunitario, garantizar el acceso público a la información ambiental y preservar las condiciones territoriales necesarias para la caza, pesca, recolección y agricultura de subsistencia.
El voto resolutivo demanda una fiscalización inmediata de las actividades agropecuarias, forestales y extractivas, así como la investigación de denuncias ambientales y la aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales conforme a la Ley 1333 de Medio Ambiente, la Ley 1700 Forestal y el Código Penal.
En el ámbito judicial, las comunidades exigieron al Tribunal Agroambiental resolver de manera oportuna e imparcial el recurso de casación relacionado con el río San Lorenzo, identificado con el expediente 6755/2026. El pronunciamiento también menciona la Acción de Amparo Constitucional Nurej 10213477, vinculada con la defensa del mismo río.
El abogado especializado en derechos ambientales, Rodrigo Herrera, denunció retardación de justicia en el Tribunal Agroambiental y expresó su expectativa de que el Tribunal Constitucional garantice los derechos de las comunidades frente a intervenciones privadas que puedan afectar sus fuentes de agua.
Las organizaciones manifestaron, además, su respaldo a las demandas de Chochís, relacionadas con un conflicto que involucra a una embotelladora de agua; de Lomerío, por la crisis hídrica; de la Ormich, por los incendios forestales, y de comunidades de San Ignacio de Velasco, por denuncias de fumigaciones aéreas.
El documento fue suscrito por representantes indígenas de las provincias Chiquitos, Velasco y Ñuflo de Chávez, entre ellos Rosa Pachurí Paraba, de la Ormich; el primer gran cacique de la Acisarv, Eulogio Pachurí Paraba, y la presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas de la TCO Turubó Este (Omichte), Petra Soliz Viana.
Asimismo, respaldaron el pronunciamiento autoridades indígenas de Concepción y San Ignacio de Velasco, organizaciones de mujeres de Roboré, San Javier y San Rafael, representantes de los comités de gestión de Laguna Marfil y del área protegida Tucabaca, además de caciques de Buena Vista, El Portón, El Portoncito, Ramada, Piococa, San Josema, Villa Fátima y Peñas Alta.
Al concluir las dos jornadas de deliberación, las comunidades reafirmaron su compromiso con la defensa del agua, los bosques, la biodiversidad y sus territorios, al considerar que su conservación es fundamental para garantizar la alimentación, la supervivencia y la continuidad cultural de los pueblos indígenas. (ANA/Erbol)