La región crece 2,2% en 2026 según la CEPAL, mantiene la desigualdad más alta fuera de África Subsahariana y vive una ola de gobiernos de derecha. Bolivia aparece en los extremos de varios indicadores.
América Latina llega a 2026 con la pobreza por ingresos en su nivel más bajo registrado, dato de 2024, y con una estructura de desigualdad que la CEPAL califica de persistente.
En 2024, 25,5% de la población regional vivía en pobreza por ingresos, es decir 162 millones de personas, el nivel más bajo registrado. La pobreza extrema alcanzaba a 9,8%, equivalente a 62 millones. El 10% más rico capta 34,2% del ingreso total, mientras el 10% más pobre recibe 1,7%. El coeficiente de Gini regional es el más alto del mundo después de África Subsahariana y supera en 14 puntos al promedio de la OCDE. La CEPAL describe esta situación como una «trampa» de baja movilidad social y débil cohesión.
El componente demográfico agrega una dimensión que las cifras de ingreso no captan. La región tiene 58 millones de personas indígenas, 9,8% de la población, y 87% de ellas se concentra en México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia. Las cifras provienen de censos nacionales con criterio mayoritario de autoidentificación, por lo que la comparación entre países tiene límites.
Entre los diez países que compara la presentación, Bolivia exhibe la mayor pobreza (40%) y la mayor pobreza extrema (20%), seguida por Venezuela (30% y 15%). Esos valores son estimaciones por rangos de elaboración propia de la presentación, y se leen como orden de magnitud, no como medición oficial.
La informalidad laboral alcanza 47% de la fuerza de trabajo regional. Bolivia (82,2%) y Perú (69,8%) superan el 65%, mientras Brasil se ubica cerca de 35% según la OIT. La presentación cita a Santiago Levy, de Brookings: la informalidad muestra que una economía está enferma, pero no es la enfermedad. Los costos de contratación, la rigidez laboral y el temor de las pymes a ser detectadas explican parte del fenómeno.
Los pares de salario mínimo en dólares e informalidad laboral son, según WageIndicator y la OIT: Uruguay, 630 y 22,4%; Chile, 598 y 25,1%; Colombia, 538 y 54,3%; Ecuador, 482 y 70,1%; Perú, 334 y 69,8%; Brasil, 318 y 35%; Bolivia, 271 y 82,2%; y Argentina, 252 y 45%.
Un cálculo propio sobre estos ocho países arroja una correlación de −0,53 entre salario mínimo e informalidad. La relación es negativa pero moderada, y con ocho observaciones no admite lecturas causales. Los casos extremos ilustran el punto: Uruguay y Chile combinan salarios altos con informalidad baja; Ecuador, con un salario de USD 482, tiene 70,1% de informalidad; Bolivia, con USD 271, llega a 82,2%.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 ubica a Venezuela en 10 puntos sobre 100, el peor de la región, y a Bolivia en 28 y Paraguay en 24 entre los más rezagados de Sudamérica. El promedio de las Américas es 42. La presentación relaciona esta debilidad institucional con la concentración empresarial: en Chile, las 50 mayores empresas concentran 70% del PIB, y en Colombia 25% de los ingresos de las 100 mayores corresponde a conglomerados estatales. Las empresas latinoamericanas tienen márgenes comerciales superiores a las del resto de la OCDE, y las leyes de competencia son escasas.
La CEPAL proyecta para América Latina y el Caribe un crecimiento de 2,2% en 2026 y 2,5% en 2027. América del Sur crece 2,5% en ambos años. Centroamérica y México registran 1,4% y 2,2%, con México en 1,3% y 1,9%. El Caribe muestra 5,6% y 7,9%, pero el resultado lo determina Guyana (16,2% y 19,7%, impulsada por el petróleo); sin Guyana, el Caribe crece 1,1% y 2,2%. La presentación señala además que Bolivia es la única economía de la región en recesión, y el estudio de capacidades territoriales estima su PIB 2025 en USD 55.177 millones, con una variación de −1,58%.
La inflación está concentrada en dos casos. En julio de 2026, Venezuela registra 575,96% interanual y Argentina 33,83%, según Finanzas Digital, muy por encima del resto. La carga tributaria sobre el sector formal es otra señal: Argentina encabeza un ranking de 30 países con 56% del PBI, según la Unión Industrial Argentina. En el impuesto a la renta, la tasa máxima de Brasil (27,5%) lo ubica en el puesto 88 del mundo, muy por debajo de Finlandia (57,65%).
El ranking de las mayores economías cuenta una historia de largo plazo. En 2000, México ocupaba el noveno lugar con USD 742,1 mil millones y Brasil el décimo con USD 655,5 mil millones. En 2026, Brasil sigue décimo con USD 2,64 billones, mientras México sale de los diez primeros; India (USD 4,15 billones) y Rusia (USD 2,66 billones) entran. En el grupo de las diez mayores economías queda un solo país latinoamericano en 2026, frente a dos en 2000.
Según la presentación, 300 millones de personas dependen de ayudas sociales para ingresos, salud o educación. La presentación identifica cuatro tensiones políticas: programas como la Bolsa Familia dan acceso sin aportes y pueden desincentivar la formalización; el riesgo de perder votos frena reformas; reprimir oligopolios amenaza el financiamiento de campañas; y los sindicatos docentes ralentizan los avances educativos. En pensiones no contributivas, Bolivia tiene el único programa universal, pero Uruguay paga diez veces más que Bolivia y ocho veces más que Perú, cuya Pensión 65 es de USD 52 mensuales.
Entre 2023 y 2026 seis países eligieron gobiernos de derecha: Argentina (Milei), Bolivia (Paz, 2025–2030), Chile (Kast, 2026–2030), Ecuador (Noboa), Paraguay (Peña) y Perú (Fujimori, 2026–2030). En Bolivia, la llegada de Rodrigo Paz en noviembre de 2025 cierra dos décadas de predominio del MAS. Perú acumula transiciones, con Boluarte, Jerí y Balcázar tras la destitución de Castillo. Venezuela, según la presentación, atraviesa una transición más militar que institucional tras la captura de Maduro en enero de 2026. México es el caso opuesto: mantiene el giro a la izquierda por tercer período consecutivo.
La encuesta de CB Global Data en 18 países, de agosto de 2026, ubica en los primeros lugares a Bukele (68,7%), Sheinbaum (66,5%), Fujimori (55,0%), De la Espriella (52,4%) y Lula da Silva (51,9%), con Rodrigo Paz sexto con 50,5%. Entre los peor evaluados están Delcy Rodríguez (26,7%), Arévalo (29,5%), Mulino (31,4%), Milei (35,1%) y Orsi (37,4%).
La conflictividad ordena el mapa de otra manera. Según ACLED, Guatemala ocupa el puesto 4 del índice mundial de conflicto (más cerca de 1 es mayor conflictividad), Chile el 6 y Brasil el 7, mientras Bolivia está en el 52 y Argentina en el 92. En seguridad para viajeros, el Departamento de Estado de EEUU asigna nivel 1 a Argentina y Paraguay, nivel 2 a Chile, Bolivia, Uruguay y Costa Rica, y nivel 4 a Venezuela.
Esas cifras regionales tienen una lectura concreta en Bolivia. El país combina el salario mínimo más bajo de la serie sudamericana después de Argentina (USD 271), la informalidad más alta (82,2%) y una recesión en 2025, con un sistema fiscal en el que el nivel central retiene 74,6% de la coparticipación y ejecuta 84% de la inversión pública. Su pensión universal, la Renta Dignidad, se financia en parte con el IDH de las gobernaciones, según denunciaron autoridades de La Paz en 2020, lo que vincula directamente la política social con el reparto territorial que hoy se negocia. A esto se suman la desconfianza institucional (28 puntos en el índice de corrupción), un bloqueo de 53 días en 2026 y el cierre de dos décadas de predominio del MAS. La agenda 50/50 es, en ese marco, la respuesta política a un problema que los indicadores regionales sitúan en el centro de la desigualdad latinoamericana: Estados con mucha obligación de gasto y poca base contributiva.
La síntesis es menos favorable que los titulares sobre reducción de pobreza. Los avances en ingreso conviven con informalidad superior a dos tercios en tres países andinos, desigualdad de ingresos sin cambio estructural y gobiernos con apoyo popular desigual: la aprobación presidencial promedio ronda entre 45% y 50% según la presentación. La presentación asocia esa persistencia con costos de contratación elevados, rigidez laboral y concentración empresarial, que definen la agenda pendiente de reformas laboral, fiscal y de competencia.
El autor es economista.