Familias destinan hasta 80% de sus ingresos a alimentos

El encarecimiento de los productos de primera necesidad golpea la economía de las familias bolivianas, particularmente de aquellas que dependen de trabajos eventuales y destinan hasta el 80% de sus ingresos a la alimentación, situación que reduce su capacidad para cubrir gastos de salud, educación, transporte y vivienda.
El diputado y economista de alianza Libre, José Luis Porcel, advirtió que los hogares de ingresos medios y bajos enfrentan crecientes dificultades para sostener sus gastos cotidianos. Según sus estimaciones, algunas familias destinan aproximadamente Bs 2.500 mensuales a la compra de alimentos, mientras que un hogar de cuatro integrantes requiere entre Bs 4.000 y Bs 4.500 para mantener condiciones de vida austeras.
“La macroeconomía se ha estabilizado un poco, pero la microeconomía es la que está sintiendo el azote de la inflación, de la especulación, del costo de transporte y de la falta de fuentes de trabajo”, afirmó el legislador a Radio Fides.
La preocupación coincide con un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado entre julio y septiembre, que estableció que el 71% de los hogares consultados considera insuficientes sus ingresos para comprar alimentos, mientras que el 33% redujo sus raciones diarias y el 76% destina más de la mitad de sus recursos a ese gasto.
El monitoreo, basado en 63 entrevistas, también identificó que numerosas familias optan por comprar menores cantidades de productos o sustituir alimentos por otros de menor costo. Estos resultados constituyen una alerta sobre las condiciones de vida de los sectores vulnerables, aunque no representan una medición estadística nacional.
Porcel también alertó sobre el riesgo de deserción escolar, debido a que las dificultades económicas pueden obligar a los hogares a priorizar la alimentación y postergar otros gastos indispensables.
“El hambre no tiene nombre, no tiene bandera política”, sostuvo el diputado, al advertir que el deterioro del poder adquisitivo podría incrementar el descontento social y las movilizaciones.
La situación se agrava por el incremento de los costos de transporte y producción, que repercuten en los precios finales de los alimentos. El escenario plantea el desafío de recuperar la capacidad adquisitiva de las familias, principalmente de aquellas que carecen de ingresos estables.